En una sesión marcada por interrupciones debido a la falta de quórum en la Sala, la Cámara de Diputados aprobó con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante un mecanismo de condonación parcial o total de la deuda y que, a su vez, crea el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

Se trata de una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno del presidente Gabriel Boric y con esta votación en general el proyecto continuará ahora su tramitación legislativa en el Senado.

Durante la discusión parlamentaria, se expresaron visiones divididas al respecto. Finalmente, la mayoría de los diputados de Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario se manifestaron en contra de la idea de legislar, mientras que desde Demócratas y Amarillos, lo aprobaron. En tanto, el oficialismo y la Democracia Cristiana aprobó en bloque el proyecto en general.

Conflicto de interés

Además, se generó un debate por el conflicto de interés de algunos legisladores con el proyecto. El diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) solicitó inhabilitarse de la votación ya que él aún tiene cuotas pendientes del Fondo Solidario y llamó a sus pares que están en la misma situación a que lo hagan. En esa línea se sumó el diputado Juan Carlos Meza (Partido Republicano) y la diputada Gloria Naveillán (PSC) consultó si es que ella debiese inhabilitarse porque sus hijos mantienen deudas.

Desde la mesa de la Corporación llamaron a que es una "introspección", donde cada uno de los legisladores debe resolverlo. Y el secretario de general de la Cámara, Miguel Landeros, señaló que la normativa dice que "no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Inclusive todas las personas ligadas a ello por adopción, con todo podrán participar en el debate advirtiendo que previamente el interés que ellas o las personas mencionadas tengan en el asunto".

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) subrayó que "hay una norma transitoria que establece una excepción que afecta al Presidente de la República, diputados, gobernadores, senadores y otras autoridades que no pueden ser objeto de condonación que está prevista en esta ley. En consecuencia, la inhabilidad está fuera de discusión".

Debate en el hemiciclo

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) advirtió que "este no es un simple mecanismo de financiamiento. Esto es un impuesto al capital humano, disfrazado de solidaridad.

Se cobra como impuesto, se calcula como impuesto, se regula por normas tributarias en el Código Tributario, pero se insiste en llamarlo fondo revolvente, como si el cambio de nombre pudiera ocultar su verdadera naturaleza".

Desde el oficialismo, la diputada Emilia Schneider (FA) defendió la iniciativa señalando que "tenemos la oportunidad de responderle, no solamente a las y los estudiantes del presente, sino a los del futuro, a sus familias, sobre todo a las familias de las clases medias y de esfuerzo, que han visto cómo el sueño de que sus hijos e hijas estudian en la educación superior se transforma en una pesadilla por los abusos de estos créditos.

Hay un consenso general en que el CAE no da para más, es un despilfarro de recursos para el Estado, y a la fecha nos ha costado más de diez billones de pesos que vienen de los recursos de todos los chilenos y chilenas, pero además es un gran estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas".

En contraste, el diputado Francisco Undurraga (EVO) cuestionó la iniciativa, afirmando que es "una propuesta mal diseñada que se suma a la larga lista de iniciativas buenistas que han generado más frustración que soluciones.

Y lo más grave, es un proyecto que se basa en eslóganes, pero que será de un daño profundo para los alumnos, sus familias, las instituciones y para el propio Estado. En lo técnico, el error es evidente. El Ejecutivo ha decidido amarrar dos discusiones distintas en un mismo proyecto.

La condonación del CAE y el nuevo financiamiento a la educación superior. Una cosa es discutir cómo financiamos la educación superior de manera sostenible. Y otra, muy distinta, es resolver la situación de quienes ya cargan con deuda.

Mezclarlo todo solo demuestra improvisación y no quiero creer, mala fe". Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes (DC), aunque adelantó su voto favorable en general, pero planteó reparos de fondo: "En primer lugar, este proyecto afecta directamente la sostenibilidad financiera de muchas instituciones y en el peor de los casos, presidente, nivela hacia abajo.

Quita oportunidades, no agrega oportunidades, segrega, teniendo además el peligro de crear universidades para ricos y universidades para pobres, al permitir al décimo decil que su arancel no esté regulado.

¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un país y universidades mucho más segregadas de lo que el país puede soportar y que no hemos podido resolver. Más allá de las dificultades propias de estas instituciones, este proyecto para las universidades regionales nivela para abajo, porque no crea, no fortalece instituciones complejas en las regiones".