De forma unánime, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que reconoce la labor de los recolectores y recolectoras de residuos domiciliarios, mejorando sus condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo. De esta manera, la iniciativa concluye su tramitación en el Parlamento y queda lista para convertirse en ley de la República.  

En la Región, Sandra Quintana, seremi del Trabajo y Previsión Social, comentó en primer lugar, que tras “años de diálogo y esfuerzo se concretaron con la aprobación de una ley que establece condiciones de seguridad y salud; así se responde a una demanda histórica de los recolectores, que enfrentan diariamente situaciones riesgosas, se exponen a materiales peligrosos y se enfrentan con la carencia de contar con servicios básicos en el desarrollo de su relevante labor no sólo para la ciudad, sino que para la sociedad en su conjunto”. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, manifestó que “la aprobación es un paso histórico si hablamos de dignidad laboral, sin embargo, supone un desafío enorme para las municipalidades del Biobío. Esto, porque durante años hemos sostenido que no se puede hablar de ciudades limpias si quienes se encargan de mantenerlas limpias no tienen condiciones justas para desarrollar su labor”.  

Para Fuentes, la normativa “nos obligará a mirar con responsabilidad los contratos municipales, a mantener una mayor fiscalización, para así garantizar que los recursos públicos se traduzcan en empleos que los dignifiquen y que sean seguros para ellos. La puesta en marcha de la ley, además, implicará que debamos hacer ajustes presupuestarios, pero si miramos el trabajo que ellos realizan en favor de la ciudadanía, valdrá la pena asumir desafíos si queremos construir cada día mejores comunas”. 

Lo anterior, podría implicar mayores costos para los municipios, en términos que para el caso de las licitaciones, se establece como uno de los criterios de selección, que, quienes presenten mayores sueldos para los recolectores les deberán asignar mayor puntaje y para los recolectores de residuos que dependan directamente de los municipios, probablemente, el mejorar los estándares laborales, podría implicar considerar invertir más que antes, para cumplir con lo establecido en la ley que, dado el caso, puede incluir la instalación de servicios sanitarios adicionales. 

Esto también va en línea con la preocupación de las casas ediles locales frente a la intención del Ejecutivo de entregar un presupuesto más reducido, en general, para el Biobío en 2026. 

Contenidos del proyecto de ley 

Entre los principales aspectos contenidos en el proyecto de ley aprobado es posible observar en la plataforma web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social elementos tales como el reconocimiento a los recolectores. En este sentido, se reconoce la labor de recolectores de residuos domiciliarios y su derecho a la protección de la salud, tanto respecto a trabajadores contratados por las municipalidades como a aquellos trabajadores contratados por licitaciones, es decir, cuyo contrato sea con el sector privado.  

Además, se incluye un incentivo a la mejora de sueldos en las licitaciones. En la misma fórmula que en el caso de la ley N°20.787 de manipuladoras de alimentos, y la ley N°19.886, se establece que en las bases de licitación y en la evaluación de las respectivas propuestas, se dará prioridad a quien oferte mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor.  

También figura la garantía a servicios sanitarios y de limpieza. Aquí, el proyecto de ley garantiza que las y los trabajadores del rubro de recolección de residuos domiciliarios cuenten con espacios adecuados para su higiene, alimentación y descanso durante la jornada laboral, incluyendo acceso a agua potable y servicios sanitarios en condiciones dignas, permitiendo que municipios y empresas celebren convenios con terceros para cumplir estas obligaciones.  

Del mismo modo, contempla una mejora al acceso del seguro contenido en la ley 16.744 sobre accidentes y enfermedades profesionales, ya que el empleador estará obligado a realizar capacitaciones para que las y los trabajadores puedan conocer la forma de acceder al seguro de accidentes y enfermedades profesionales.  

En línea con lo anterior, sobre el trabajo pesado, se establece que, en caso de adjudicarse una nueva licitación, el adjudicatario deberá hacer el requerimiento para la calificación de trabajos pesados, conforme a lo establecido en la ley N°19.404, así como también, considerar un protocolo de prevención y gestión de riesgos donde los empleadores deberán poner a disposición de las personas trabajadoras un protocolo de prevención y gestión de riesgos, a través de los organismos administradores de la ley N°16.744.  

Acerca de la asistencia de los organismos administradores del seguro de la ley N°16.744 se plantea que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante una norma de carácter general, entregará las directrices que deberán contemplarse por parte de las entidades administradoras de la ley N° 16.744 para el desarrollo de la asistencia técnica para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores. Y, en cuanto a la provisión de asistencia oportuna frente a contingencias, los trabajadores recolectores tendrán derecho a que su empleador disponga de un plan de respuesta ante emergencias, el cual deberá ser informado semestralmente y contemplar tanto accidentes laborales como actos de agresión de terceros.  

Desde la seremi del Trabajo y Previsión Social de Biobío se recalcó que la iniciativa es fruto del diálogo social entre el Gobierno, el Parlamento y las organizaciones sindicales del sector, y responde a una demanda histórica de los recolectores, que enfrentan a diario condiciones de alto riesgo, exposición a materiales peligrosos y carencia de servicios básicos.  

Demanda histórica en relación con mejores salarios, condiciones de trabajo dignas (baños, comedores y seguridad en los camiones) y la estandarización de las bases de licitación municipal para incluir pisos salariales mínimos y estándares laborales. Esto desembocó en su oportunidad en movilizaciones y paros, en los años 2013 y 2019, con logros mínimos. Así, dijeron desde la entidad pública, la demanda histórica de los recolectores de basura en Chile se centra en lograr un reconocimiento legal formal como “recolectores” y no como “transportistas”, lo que afectaría su cobertura de salud y seguridad laboral.