"Bochornosa incompetencia": Parlamentarios critican al Gobierno por retraso en la implementación de Ley Uber

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14/10/2025


Duros cuestionamientos han surgido desde el Congreso por el proceso de implementación de la ley EAT (Empresas de Aplicación de Transporte) -más conocida como Ley Uber- que está llevando a cabo el Gobierno.

Es que pese a que la legislación, que apunta a regular el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify, Didi e InDrive, fue promulgada hace más de dos años -en abril de 2023-, su entrada en vigencia continúa en suspenso, dejando a miles de conductores y usuarios en un limbo normativo. Lo anterior ha sido calificado por algunos parlamentarios como algo "bochornoso".

El retraso más reciente proviene del fallido intento por implementar la plataforma digital en la que se deben registrar a los conductores y vehículos, pieza clave para la fiscalización de la norma.

El sistema fue encargado por trato directo a la empresa Concordia Ediciones SpA en agosto de 2024, por un monto de $513 millones, pero el contrato fue terminado anticipadamente por "incumplimientos de las exigencias", según confirmó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La fallida contratación y las explicaciones del Gobierno

Según el citado medio, la Subsecretaría de Transportes había recurrido al trato directo tras dos licitaciones declaradas desiertas, con el objetivo de montar la plataforma de big data que sustentaría el registro nacional de la Ley EAT. A más de un año, no existe infraestructura operativa.

El director ejecutivo y fundador de Concordia, Edgardo Montecinos, explicó que "comenzamos a hacer algo y no teníamos claro cómo iba a terminar el reglamento". Y agregó que "la contratación fue por horas de desarrollo, no por el software completo, y eso se puede ver en la resolución de contratación.

Ellos solicitaron un conjunto de perfiles profesionales, nosotros proveemos esos profesionales y a medida que van consumiendo horas se va efectuando el pago de los servicios".

Montecinos lamentó el impacto del término anticipado del contrato y aseveró al citado medio que "nos afecta la imagen pública de la empresa, llevamos más de cinco años trabajando con el Estado, en proyectos emblemáticos, y es la primera vez que nos terminan un contrato anticipadamente. Hasta el 2024 ni siquiera se nos han procesado multas".

Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, el subsecretario Jorge Daza señaló que "el contrato consignaba la entrega de productos mínimos viables, por tanto, lo que se pagó fue exclusivamente por los trabajos realizados y visados previamente por las contrapartes técnicas, y no por el contrato en su totalidad". Hasta ahora, el ministerio ha desembolsado cerca del 39% del total de la licitación, es decir, alrededor de $200 millones.

El resto podría quedar sujeto a una disputa administrativa o eventualmente judicial. Montecinos ya adelantó que "obviamente vamos a reclamar el pago de la totalidad de los servicios, porque esos servicios se prestaron. Si no se acoge seguiremos en instancias superiores, ya sea demandas o en Contraloría".

Un nuevo intento antes del cambio de gobierno

Pese al traspié, el Ministerio de Transportes aseguró que trabaja para dejar la plataforma lista antes del fin del mandato, en marzo de 2026. "Ya se está trabajando en los términos de la contratación de la nueva empresa que se hará cargo de continuar con el trabajo iniciado previamente, con el objetivo de seguir con el proceso y concluirlo", informó la cartera.

El presupuesto 2026 contempla además $875 millones para el "sistema de registro de la Ley EAT y Big Data", y otros $665 millones en gastos de continuidad: $428 millones para 21 funcionarios y $237 millones para servicios Cloud y mantención del sistema. Sin embargo, desde la industria advierten que el nuevo intento podría llegar tarde. "Iniciar un nuevo trabajo hoy significa que podríamos volver a foja cero el próximo año. (...)

Hay que buscar a la mejor empresa para generar una buena plataforma, sin el ánimo de sacar esto de forma apurada en los próximos tres meses", señaló Marcela Sabat, vocera de la Alianza In, que agrupa a Uber, Cabify, Didi e InDrive. Sabat fue tajante y reprochó que "resulta evidente que ya no existe el tiempo ni las condiciones técnicas mínimas para que este Gobierno logre implementar adecuadamente la nueva plataforma".

Reacciones en el Congreso: críticas transversales y llamados a actuar

El prolongado retraso de la Ley Uber generó un nuevo frente de críticas en el Congreso. Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que el Gobierno ha mostrado falta de gestión, aunque difieren sobre las responsabilidades y las medidas que deberían adoptarse mientras no exista la plataforma.

El diputado independiente Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sostuvo que "en la comisión de Transportes se volvió a comprometer el ministro Juan Carlos Muñoz y el subsecretario Jorge Daza que dentro de esta administración se va a implementar esta reglamentación".

El parlamentario enfatizó que "la Ley está, y, por lo tanto, lo que habría que hacer por parte del Ministerio y las autoridades relacionadas es comenzar a aplicar las sanciones de lo que hoy día existe, como Uber, porque la ley existe, lo que falta es el reglamento, pero eso no impide que, en definitiva, la ley comience a aplicar y se lleven a cabo las sanciones que correspondan con respecto a esta situación".

"Así que eso quedó comprometido, y antes de finales de año se supone que el reglamento ya estaría operativo, dicho por el ministro, el subsecretario, comprometido en la comisión Transporte", añadió. Desde la oposición, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) -también miembro de esa instancia- fue más duro en su evaluación .

"Resulta un bochornosa la incompetencia del Ministerio de Transportes para implementar la Ley Uber. No solo gastaron más de $500 millones en una licitación que terminó con una empresa que no entregó ningún avance relevante, sino que además han retardado en forma vergonzosa la implementación de una ley vigente".

Coloma cuestionó además la falta de planificación y sostuvo que "al final simplemente prefirieron no implementar la norma y se limitar a pedir cientos de millones de pesos para volver a licitar". Desde el oficialismo, el diputado Jaime Sáez (FA) y también integrante de esa comisión, calificó la situación como "un traspié institucional que no puede recaer sobre los hombros de los conductores".

"Han pasado más de dos años desde su aprobación y todavía no existe un sistema operativo que les permita inscribirse y cumplir con las exigencias que el propio Estado impuso", dijo.

"Por eso, resulta inaceptable que se pretenda sancionar o multar a trabajadores que simplemente no pueden acceder a una plataforma que el Gobierno aún no ha sido capaz de implementar".

Sáez agregó que "la responsabilidad en este caso es del Ejecutivo, y mientras no exista un mecanismo funcional de registro, lo correcto es permitir que los conductores sigan trabajando y que la fiscalización se enfoque en acompañar y orientar, no en castigar".

No obstante, también instó a las empresas de aplicaciones a asumir su parte y aseveró que "el Estado debe cumplir, pero las plataformas también deben prepararse para cumplir con la ley". Desde el Senado, el socialista Juan Luis Castro, e integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones apuntó a un problema estructural.

"La ley tiene dos años y medio desde que fue promulgada y no ha entrado en operación, y en esto hay múltiples factores, pero por una parte, la impugnación sucesiva del mundo privado también a los reglamentos en la contraloría es un factor retardatario, como además la fallida licitación del registro conductor recientemente conocida”.

Castro enfatizó que "todo esto requiere una solución. Si se va a pedir dinero en el presupuesto, puede ser, pero tiene que estar bien gastado, y eso significa terminar con esta dilación de concluir un gobierno sin que esté la ley en marcha, pese a tener tanto tiempo ya de despachada del Congreso".

Y concluyó: "Eso es lo que no parece entendible ni aceptable en un momento en que se requiere regulación y se requiere además energía y decisión para que esto sea operativo lo antes posible".



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