Con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de “Ausente por Desaparición Forzada” y crea un registro especial para estas personas, avanzando en una medida esperada por familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

Durante su tramitación en el Senado, se realizaron modificaciones al texto, eliminando la norma que facultaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos para dictar resoluciones de reconocimiento jurídico y retirando el mecanismo estandarizado que regulaba dicho proceso.

Tras su aprobación en la Cámara, la iniciativa quedó lista para ser promulgada como ley por el Ejecutivo, consolidándose como un avance en materia de verdad, memoria y reparación, que permitirá reconocer jurídicamente a las personas desaparecidas y entregar mayor certeza a sus familias. Según parlamentarios, esta calificación jurídica no representa gasto fiscal.

Al respecto, Jaime Gajardo, ministro de Derechos Humanos indicó que “1.469 personas fueron víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura militar y de esas 1.496 personas todavía tenemos 1.162 personas sin ubicar su paradero”.

“La desaparición forzada no es solo una herida para los familiares, sino que también, es una herida para lo más profundo de la esencia de nuestro país y nuestra sociedad. Y por lo mismo, estamos muy contentos, que el día de hoy hayamos podido después de una larga tramitación con muchas dificultades, aprobar un proyecto de ley que es fruto del trabajo de las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas”, indicó el jefe de la cartera.