Hasta agosto de 2025, en la Región el Servicio de Protección mantiene registro de cerca de 1.450 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de maltrato físico: moderado 420; leve 28; grave 1.007.

También se contabiliza un caso de carácter grave con resultado de lesiones, donde se establece la subclasificación que da cuenta de daños como fracturas o superiores.

Comparado con el total de 2024, en que hubo 1.533, indica una tendencia a superar la cantidad de NNA maltratados.

Álvaro Barra Romo, director regional (subrogante) del Servicio de Protección Especializada y jefe del Departamento de Servicios y Prestaciones, comentó que “las cifras de ingresos de 2024 en relación al periodo de implementación del nuevo Servicio en 2021 tienen un aumento significativo de casi del 80%”. Este organismo recibe las derivaciones de niños víctimas de vulneraciones, tanto de Tribunales de Familia como de las Oficinas Locales de la Niñez, explicó el director (s).

Dentro de esas derivaciones están casos como el ocurrido en Cañete hace una semana en que un lactante fue golpeado, lo que constituye maltrato físico grave. Al respecto Barra indicó que tiene una mayor complejidad proteger a niños pequeños o recién nacidos porque el objetivo del servicio es que estén en familias de acogida. “El adulto (Cañete) está con un proceso judicial, sabemos que el bebé está fuera de riesgo vital”, detalló.

En cuanto a los ingresos al Servicio, hasta agosto de 2025 se registran en total 8 mil 908 niños, cifra que comprende todos los tipos de vulneraciones. “Esta tendencia probablemente nos lleve a que culmine este año con números mayores que los del 2024, situación que nos tiene muy preocupados y en alerta porque vemos que las situaciones de maltrato han ido incrementándose en una sociedad donde efectivamente la violencia se ha instalado como una forma de resolución de conflictos”, reflexionó Barra.

Para colaborar con la restitución de derechos de niños víctima de maltrato grave, el Servicio de Protección Especializada relevan el actuar de sectores como Salud y Educación. “Pasan a ser relevantes al momento de poder generar planes de intervenciones que permitan sobreponer las situaciones de desprotección”, estableció.

Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia de la Universidad de Concepción (PIIA UdeC), señaló que este incremento en la violencia hacia la infancia llama de forma urgente a formar en la sociedad una cultura general de protección de todos los niños y las niñas.

“Una porción de la sociedad todavía piensa que los niños son seres inferiores, que se puede hacer cualquier cosa con ellos”, describió.

“En Chile partimos hace ya más de 30 años atrás legislando para prohibir la violencia al interior de la familia”, comentó y apuntó que aún así sigue siendo necesaria más concientización.

Sobre las formas de prevenir y reconocer el maltrato hacia niños, Pérez afirmó que “los funcionarios de Educación y Salud deben estar alerta para que puedan detectar, ojalá anticipar. Si conocen de casos de violencia, lo tienen que denunciar y activar toda la red de procedimientos institucionales”.

En tanto, Raúl Aravena, abogado del Programa de Reparación al Maltrato Grave (PRM) Refugio Esperanza Cañete de CATIM, indicó que una de las principales debilidades ante la prevención del maltrato a la niñez, es la normalización. “En algunos casos, validación de pautas maltratantes en espacios familiares, educacionales, laborales, políticos, y que lleva a no problematizar la aparición de indicadores de violencia que la erradiquen tempranamente”, dijo.

En otro aspecto, es preciso robustecer políticas públicas educacionales en materia de buen trato y protección de derechos con enfoque de género, expuso. “Que el silencio no sea cómplice de las vulneraciones”, mencionó y agregó que también es de vital importancia lograr reducir las brechas de acceso a dispositivos de atención de salud mental.

Sobre avances logrados en el país en protección de la infancia. “A nivel legal, la aprobación de la ley que castiga el maltrato relevante y trato degradante a menores de edad, adultos mayores, y personas en situación de discapacidad; las mejoras introducidas a la ley de violencia intrafamiliar”, indicó.

A nivel institucional, Aravena destacó “la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la instauración del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia, a través de la ley 21.430, que crea una nueva institucionalidad mediante dispositivos como las Oficinas Locales de la Niñez, con enfoque primordialmente preventivo”.