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Política
02/10/2025
Mientras en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados se discute la creación de un Registro Nacional de Polinizadores Profesionales, en la Región del Biobío, históricamente un bastión de la producción apícola, el rubro lidia con precios bajos, costos crecientes y una progresiva pérdida de protagonismo en el panorama nacional.
El proyecto en debate busca no solo modernizar la actividad, sino también fortalecer la trazabilidad y proteger a los polinizadores, pieza fundamental para la biodiversidad y para la producción de mieles monoflorales, altamente valoradas en mercados. Sin embargo, las posturas al interior del sector no son unánimes.
Para el Ministerio de Agricultura, la apicultura no se limita a la producción de miel o cera, sino que es vital en su rol de polinización agrícola. Según cifras de la propia cartera, el 91% de los usuarios del rubro se concentran entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, con más de 1.200 productores apoyados en 2024 mediante programas de inversión que sumaron 4.580 millones de pesos.
La Región del Biobío que en los años 80 albergaba casi la mitad de los productores del país, hoy apenas concentra un 12% de ellos. Factores climáticos, transformaciones en el desarrollo rural y el avance de la agroindustria han contribuido a ese retroceso.
Misael Cuevas, presidente de la Red de Apicultores del Biobío, recalcó que avanzar en modernización y profesionalización es indispensable. A su juicio, la trazabilidad es siempre positiva en un sector donde la certificación de origen y el control sanitario son cada vez más valorados.
Uno de los puntos centrales del debate en la Comisión de Agricultura ha sido la propuesta de crear un Registro Nacional de Polinizadores Profesionales. La idea busca proteger la diversidad de abejas, garantizar la calidad de las mieles monoflorales y ofrecer datos que permitan orientar políticas públicas más precisas.
La académica Paula Núñez, doctora en Ciencias de la Agricultura, explicó que, en estas mieles, al provenir de una sola especie vegetal, tienen identidad propia, sabor diferenciado y propiedades bioactivas únicas. “Chile posee un nivel de endemismo que nos permite producir mieles multiflorales inigualables en el mundo”, subrayó.
Sin embargo, desde el gremio hay reparos. Patricio Beltrán, presidente de la Organización de Apicultores de Los Ángeles, señaló que el registro no ha sido suficientemente socializado en las bases productivas. “Estos instrumentos ayudan a marcar presencia y entregar insumos para políticas públicas, pero no siempre resultan en beneficios. Ya lo vimos con la Ley Apícola: se recogieron aportes, pero muchas de las medidas terminaron siendo restricciones o sanciones”, criticó.
Beltrán agregó que, si bien las exportaciones de miel han retomado fluidez, los precios siguen deprimidos. “El kilo de miel al exportador se paga en promedio a $1.700, cuando producirlo cuesta casi lo mismo. Eso nos obliga a buscar estrategias de subsistencia. Hemos cumplido con mayores estándares sanitarios, pero los costos de insumos y logística se han disparado”, detalló.
En el plano político, los diputados y diputadas de la región se han alineado en torno a la necesidad de fortalecer la apicultura, aunque con matices sobre cómo debe implementarse el registro.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) valoró la propuesta, destacando que las mieles monoflorales poseen propiedades únicas y que protegerlas debe ser prioridad. Subrayó además que el fortalecimiento sanitario requiere tecnología y apoyo en insumos para prevenir enfermedades en los apiarios.
Desde el Frente Amplio, la diputada Clara Sagardía, se mostró favorable al registro, pero advirtió que debe acompañarse de medidas que resguarden a las abejas en un sentido más amplio. “Su población ha disminuido por contaminación, monocultivos e incendios, lo que amenaza no solo a la producción de miel, sino a la vida en el planeta. La fiscalización y capacitación son fundamentales para garantizar calidad y biodiversidad”, enfatizó.
El diputado ecologista Félix González, fue más categórico al vincular la crisis de los polinizadores con el uso de agroquímicos. Recordó que en la misma comisión se mantiene sin avanzar un proyecto que busca prohibir pesticidas peligrosos reconocidos por la OMS, como el glifosato. “Estamos de acuerdo en mejorar la apicultura, pero el problema mayor es que las abejas polinizan innumerables especies vegetales. Sin ellas, nuestra biodiversidad colapsaría”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) destacó la importancia del registro en territorios como Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara, donde la apicultura es parte de la identidad local.
Según la parlamentaria, contar con un catastro detallado permitiría certificar mieles monoflorales únicas y abrir mercados internacionales. “El registro puede ser clave para agregar valor en origen y posicionar la miel del Biobío como un producto de excelencia”, señaló.
En paralelo al debate legislativo, la sombra del glifosato atraviesa la discusión sobre la salud de los polinizadores. Este herbicida, masivamente utilizado en Chile, fue clasificado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como “probablemente cancerígeno”. Aunque organismos como la EPA de EE.UU. defienden su uso bajo dosis reguladas, estudios han evidenciado impactos en suelos, aguas y en la reducción de insectos polinizadores.
Para organizaciones ecologistas, el combate al glifosato y otros pesticidas debería ser parte inseparable de cualquier política de apoyo a la apicultura. “No basta con registrar abejas y colmenas si seguimos permitiendo químicos que destruyen el ecosistema que necesitan para sobrevivir”, advirtió González.
