La Contraloría General de la República confirmó la apertura de una serie de investigaciones ante denuncias que apuntan al uso indebido de viviendas fiscales por parte de funcionarios públicos, principalmente en el Ejército de Chile y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Según detalló el órgano fiscalizador, ya se encuentra en marcha una investigación especial sobre el uso de inmuebles fiscales en el Ejército, así como dos auditorías dirigidas a Bienes Nacionales, con el objetivo de esclarecer presuntas asignaciones irregulares de estas propiedades, las que están destinadas a apoyar a personal público con menores ingresos.

Las indagaciones surgen luego de que se conocieran situaciones anómalas en distintas regiones del país, donde viviendas fiscales habrían sido habitadas por funcionarios sin cumplir los requisitos legales o sin autorización formal.

Como medida preventiva, la Contraloría anunció que emitirá un instructivo nacional, que precisará las normas aplicables a la entrega, ocupación y devolución de estas viviendas, buscando establecer criterios claros para todas las instituciones del Estado y evitar futuros casos de mal uso.

Desde la institución recalcaron que “la gestión transparente de los bienes fiscales es esencial para asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan”, reafirmando su compromiso con el buen uso de los recursos públicos.