La Fiscalía Nacional Económica presentó este lunes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una denuncia contra siete empresas que procesan centolla magallánica por haberse coludido para fijar los precios al que compra este recurso.

Según denuncia el organismo, la colusión se dio entre los años 2012 y 2021. En esa línea, la FNE solicitó una aplicación de multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a US$ 54 millones a las empresas involucradas y US$ 445 mil a los ocho ejecutivos responsables.

"La FNE acusa que, para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla", indicó la Fiscalía.

Con estos antecedentes, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada. También retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo de la centolla (julio a noviembre).

"Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos", agregó el FNE.

En su investigación, la entidad persecutora constató que, dado el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas involucradas buscaban obtener un precio más bajo a inicios de temporada del que se habría dado en un escenario competitivo justo.

Esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de Magallanes, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo.

La investigación contra la colusión en el mercado de la centolla inició en julio del año 2020, luego de una denuncia. En febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo.