Una serie de cuestionamientos generó en el Parlamento el informe del Consejo para la Transparencia (CPLT), que arrojó que un 61% de los municipios que perciben recursos por ley del royalty no han cumplido con la obligación de dar cuenta del uso de esos recursos en sus sitios de transparencia activa.

La fiscalización del CPLT contempla la recaudación y destino de los aportes -denominados "fondos puente"- a los municipios en 2024 y una muestra de 2025.

El texto remarca que la propia ley de presupuestos 2024 "estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa cómo se gestionaron esos recursos, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos". Recordar que hubo 307 comunas beneficiarias con los fondos puente, que en total recibieron $93.645 millones, a libre disposición de uso para los propósitos propios de las municipalidades, exceptuando el pago de deudas.

En tanto, ese 61% corresponde a 187 municipios que no publicaron los reportes de rendición de fondos en el sub ítem específico del royalty o que lo hicieron en un sub ítem distinto al requerido por ley. Parlamentarios de distintos sectores, algunos además pertenecientes a las comisiones de Hacienda, cuestionaron la "opacidad" en los reportes de los municipios, y acusaron que estos recursos "no son un botín político", e incluso pusieron en duda que se hayan utilizado en este año de campañas electorales. Otros, en tanto, apuntan a que esto se deberá corregir en la discusión de presupuesto.

"Vamos a corregir el tema en la ley de presupuesto"

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, comentó que "el tema de los recursos públicos siempre preocupa, y el uso de estos, la transparencia, es muy importante. Hoy se conoció que no existe información respecto de muchos municipios de cómo se usaron las platas respecto del royalty. Obviamente es algo que hay que corregir, y los que no han entregado información tienen que ponerla a disposición de la Subdere, y esta de los organismos y espacios que correspondan".

La parlamentaria aseguró que "vamos a corregir este tema en la ley de presupuesto, pero también vamos a pedirle al Ejecutivo que corrija el reglamento, y que si es necesario, revisemos la legislación. La opacidad no ayuda; siembra la duda, y además, en el caso de quienes no son transparentes y no usan correctamente los recursos, crean el mejor espacio para no destinarlos a quienes corresponden". El senador David Sandoval (UDI), sostuvo que los municipios y gobiernos regionales "tienen que extremar las medidas en materia de transparencia respecto del uso de estos importantes recursos". En esa línea, recordó que "esto es una norma que se dictó precisamente para beneficiar el gestión de los trabajos en el ámbito local y regional y evidentemente es fundamental que estos recursos tengan una clara orientación del destino que está muy bien especificado en el proyecto que dio origen a este famoso Royalty, por lo tanto cualquier omisión y cualquier falta en este sentido es de mi punto de vista absolutamente grave y es necesario mejorar la gestión".

El legislador subrayó que en ese mismo contexto es que ha puesto permanentemente sobre la mesa "la urgencia también de mejorar y perfeccionar los procesos de ejecución presupuestaria de los gobiernos tanto regionales como locales precisamente para asegurar y resguardar y evitar cualquiera de los problemas que hemos visto, de los efectos que tienen en la ausencia de niveles de fiscalización y de control y de auditoría interna".

De la misma tienda, el senador José Durana, comentó que "la normativa es clara y no se trata de una opción, sino de un deber. La falta de información abre espacios a la desconfianza y debilita la fe pública en la gestión de las autoridades locales. Hacemos un llamado urgente a los municipios a regularizar esta situación y cumplir con la transparencia que la ley exige".

Por su parte, el diputado Cristián Araya (Republicanos), tildó como "inaceptable" que "más del 60% de los municipios que reciben recursos del royalty minero no rindan cuentas de su uso. ¿Dónde fueron a parar? ¿En qué los usaron? Estos fondos no son un botín político, son recursos de todos los chilenos. Esperamos que no hayan terminado en campañas políticas, como lamentablemente nos tienen acostumbrados".

"Lo que corresponde ahora es aclarar dónde están esos recursos y quiénes son los responsables de haber hecho 'desaparecer' fondos que estaban destinados a mejorar la vida de los chilenos. Confiamos en que la contralora Dorothy Pérez aplicará todo el rigor para transparentar su destino", zanjó.

Desde el oficialismo, la diputada Gael Yeomans (FA), comentó que "en la ley de presupuesto establecimos la obligación de los municipios de transparentar en sus sitios de transparencia activa la información respecto al gasto que al que destinan el royalty minero. Son recursos importantes, son hartos recursos que están ingresando que permitirían a los municipios, y permiten al día de hoy gastarlos en necesidades que tienen los vecinos y vecinas, y en ese sentido la transparencia es fundamental que se cumpla".

DC: "Esta no es la manera de jugar limpio"

Desde la DC, el diputado Ricardo Cifuentes calificó como "lamentables" los resultados del informe del CPLT, por el "muy bajo cumplimiento respecto a la transparencia y en el informe que se debe hacer a la Subsecretaría de Desarrollo Regional".

En ese sentido, subrayó que "esta no es la manera de jugar limpio", porque "el Ejecutivo tardó años en conjunto con el parlamento en aprobar esta ley, que fue muy discutida en principio por la minería. Hoy está vigente, son recursos muy necesarios para especialmente para comunas donde la actividad minera es una de las principales, y es muy lamentable que los municipios no cumplan con este requisito de transparencia".

"El espíritu del legislador fue que se supiera con precisión dónde están destinados estos recursos, y también creo que los generadores de este impuesto, es decir, las mineras, requieren de información para saber en qué se están invirtiendo los recursos que ellos producen. No es una obligación, pero es absolutamente necesario que todos estemos informados constantemente de en qué se usan los recursos públicos", zanjó.