Luego de que fuera declarado desierto por el Presidente de la República Sebastián Piñera el primer concurso para designar a un nuevo defensor nacional, el Servicio Civil inició un segundo proceso, publicándose una nueva convocatoria el día 11 de julio de 2021, la que se cerró el 2 de agosto pasado. Según lo informado por su sitio web, el 30 de septiembre la empresa SOMMERGROUP –que está a cargo del proceso de reclutamiento- seleccionó a nueve de los 22 profesionales que cumplían con todos los requisitos para el cargo.

Entre quienes aspiran al cargo, de un universo de 33 postulantes, destaca el actual defensor nacional (s) Marco Montero, la actual directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Francisca Werth; el exdefensor de Santiago Norte Carlos Mora y seis defensores regionales actuales: Osvaldo Pizarro (Biobío), Claudio Pérez (Valparaíso), Renato González (Araucanía), Luis Soto (Los Ríos) y María Soledad Llorente (Los Lagos).

Al interior de la institución, dedicada a ofrecer servicios de defensa penal a quienes no puedan costear un abogado particular, existe inquietud por el retraso, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Justicia Hernán Larraín decidió la salida anticipada del exjefe nacional Andrés Mahnke, a quien le habrían podido renovar por un periodo más el cargo y sin embargo en noviembre del año pasado le notificaron que no seguiría.

“No es una buena señal”

La Tercera contactó a distintos abogados para debatir si la demora en la elección de este cargo perjudica el funcionamiento de la institución. Los profesionales consultados consideran que es urgente establecer un líder para poder ejecutar los proyectos y, algunos, critican que a mediados de junio se haya declarado desierto le primero proceso.

Respecto a los eventuales perjuicios que pudiera causar la tardanza en el nombramiento, el abogado penal y exintegrante de la Defensoría Leonardo Moreno, dice que la situación afecta la consolidación de programas de innovación y mejora en el servicio de defensa, por ello “creo que es importante que se defina a la brevedad quién asumirá el cargo, pues es una institución clave para el buen funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en el país”.

En esa misma línea, la abogada Paula Vial -exdefensora nacional- valora el trabajo que ha realizado este tiempo Marco Montero, pero – enfatiza- es importante tener una titular para “avanzar de forma segura con el programa de su gestión”.

Quien es más enfática en cuestionar el largo plazo que ha tomado el Ministerio de Justicia en designar a la cabeza de la Defensoría Nacional es Catherine Lathrop, pues considera que “la demora en una nueva convocatoria me parece inadecuada (…) si la primera convocatoria fue declarada desierta quiero pensar que hay razones de fondo para aquello, pero es algo que urge solucionar”.

El experto en derecho administrativo, Luis Cordero, también critica que no se haya dado validez al primer concurso, pues “es una señal negativa para un servicio público con buenos desempeños (…) la institución no puede estar sin una cabeza que defina las políticas a largo plazo y especialmente los estándares en que se ejerce la labor por parte de cada defensor, que es finalmente lo que recibe el usuario del sistema”.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicaron que están a la espera de que el Servicio Civil delibere una nueva terna para presentarla al Presidente de la República. Además, afirman que el proceso está en los plazos correspondientes, ya que, a pesar de la fallida primera convocatoria, se consideran los tiempos del segundo llamado.

“Dada la importancia de este tipo de nombramientos, los procesos de selección por parte del Servicio Civil duran -en promedio- alrededor de 90 días corridos” desde el llamado a postulación, mencionaron desde la cartera. Con esto, recién el 11 de octubre se entregaría una lista final con los nombres de los candidatos y candidatas.

Luego de pasado ese plazo, cuando se tenga definida la terna, existe un periodo legal de otros 90 días, pero esta vez hábiles, para que el mandatario resuelva. La decisión se emitiría a pocos meses de finalizar la actual administración del Ejecutivo.

Finalmente, desde la cartera aseguran que “durante todo este tiempo, la Defensoría Penal Pública ha seguido funcionando con efectividad y profesionalismo, manteniendo la total continuidad de su servicio”.