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01/09/2025
Restricción a la importación de máquinas de azar, endurecimiento de sanciones y modernización de la fiscalización marcan la discusión en el Congreso. Diputados de la Región del Biobío advierten sobre vacíos legales, la proliferación del juego ilegal y los riesgos sociales que afectan a comunidades vulnerables que se vinculan con el juego y las apuestas.
El proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que busca reforzar la lucha contra el juego ilegal en Chile. La propuesta legislativa, actualmente en discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, establece que la importación de máquinas de azar quedará restringida únicamente a personas autorizadas y registradas en la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), cerrando un espacio que hasta ahora ha permitido la entrada irregular de este tipo de aparatos al país.
La norma también actualiza los tipos penales, refuerza la fiscalización, moderniza procedimientos y endurece las sanciones aplicables a quienes operen fuera de la ley. En términos prácticos, se considera “máquina de azar” toda aquella que reciba apuestas en dinero o bienes avaluable en dinero, otorgue al usuario un tiempo de juego y entregue resultados futuros, inciertos o desconocidos que eventualmente permitan obtener un premio.
En la práctica, esto afectará directamente a cientos de locales de juego que operan en ciudades como Concepción, donde la presencia de tragamonedas ilegales ha sido un problema recurrente para autoridades y vecinos.
Uno de los puntos centrales del proyecto radica en que la SCJ quedará facultada para calificar oficialmente estas máquinas, a requerimiento de una municipalidad o del Servicio Nacional de Aduanas. Esto permitirá agilizar la persecución penal y facilitar el cierre de recintos clandestinos.
Además, la importación de máquinas por terceros no autorizados será considerada delito de contrabando, con la consiguiente incautación de la mercancía por parte de Aduanas y su entrega a la fiscalía local correspondiente.
El proyecto también responsabiliza penalmente a quienes adquieran, reciban, porten, transporten o escondan máquinas ilegales, incluso si no fueron importadores directos. Este ajuste responde a la reformulación que introduce la iniciativa respecto del delito de receptación aduanera, cerrando así espacios a quienes lucran con la venta y distribución de estos aparatos en el comercio informal.
La discusión en el Congreso ha tenido un fuerte eco en la Región del Biobío, donde distintos parlamentarios han manifestado sus posturas. La diputada Flor Weisse (UDI) valoró la iniciativa, señalando que “este proyecto entrega herramientas concretas para combatir el juego ilegal, que hoy opera en total desregulación y afecta especialmente a nuestras comunidades más vulnerables. Al definir con precisión qué se entiende por máquina de azar, y establecer que su importación por terceros será considerada delito de contrabando, avanzamos hacia una legislación más clara, firme y eficaz. Esta es una señal importante: como Estado no podemos seguir tolerando zonas grises que terminan perjudicando a quienes menos tienen”.
Desde la vereda opuesta, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, enfatizó la relación entre estas máquinas y el crimen organizado.
“Me parece sumamente necesario que se regulen, ya que no solo se han transformado en un problema en materia de apuestas ilegales, sino también en múltiples casos en centros de crimen organizado. No podemos olvidar el megaoperativo que se dio hace un tiempo en Concepción, en donde más de una quincena de estos lugares fueron fiscalizados y cerrados”, señaló la diputada.
Acevedo también apuntó a la dimensión social del fenómeno, donde indicó que “debemos considerar la ludopatía, que hoy se ve fomentada por las casas de apuestas digitales. Estas plataformas se han tomado los medios de comunicación y las redes sociales, y creo que este proyecto debe abrir paso también a regular ese ámbito”.
En tanto, el diputado Félix González (PEV) adoptó un tono crítico, respondiendo que “los locales de juego de azar son un problema en la sociedad, instalados en lugares donde personas con pocos recursos terminan perdiendo lo poco que tienen. Se ha transformado en un vicio. Por eso soy partidario de que limitemos las apuestas en general. Espero que este proyecto logre perfeccionar las normas y nos permita perseguir a quienes eluden la ley a través de subterfugios”.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) coincidió en la urgencia de legislar, ya que “es necesario erradicar estas apuestas de nuestra sociedad porque lo único que traen es pobreza para nuestra gente. Hay muchas personas que lo han perdido todo en estos casinos clandestinos, por eso creo que es urgente regular y sancionar estas malas prácticas”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) advirtió sobre los vacíos legales que tiene la legislación chilena en torno a esta temática, ya que “Hoy la ley señala que todo tipo de apuesta es ilegal, salvo excepciones como la Polla Chilena, la Lotería de Concepción y los hipódromos. Sin embargo, nos encontramos con vacíos que permiten el funcionamiento de estos locales bajo la figura de juegos de destreza. También ocurre con las casas de apuestas en línea, que se inscriben como páginas web y no como casas de apuestas. La ley debe ser clara y explícita para no dejar espacios de ambigüedad”.
En Chile, la actividad de los casinos se rige por la Ley N.º 19.995, promulgada en 2005, que creó la SCJ y estableció un sistema de licitación pública para su funcionamiento. Actualmente existen 25 casinos autorizados en el país, los que pagan un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos de juego, además de IVA e impuesto de primera categoría.
Lo recaudado se reparte entre las comunas sede y los gobiernos regionales, generando una fuente de recursos para los territorios.
El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica busca cerrar las brechas normativas y dotar de nuevas herramientas a la SCJ y Aduanas.
En Concepción, donde la memoria de los megaoperativos contra tragamonedas clandestinas sigue fresca, con el gran procedimiento que se llevó a cabo en septiembre del 2024 en el centro penquista.
