Para verificar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, funcionarios/as del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Biobío se encuentran fiscalizando supermercados, botillerías, distribuidoras de alcoholes, elaboradores de bebidas alcohólicas, entre otros, actividad que se intensifica las semanas previas a Fiestas Patrias, producto del aumento de la demanda de estos productos.

El Director Regional del SAG de Biobío, Roberto Ferrada, participó esta mañana en la fiscalización a una distribuidora de alcoholes en Concepción. En este sentido indicó que “en el marco de la ley de Alcoholes, el Servicio Agrícola y Ganadero refuerza su rol fiscalizador con motivo de garantizar a la comunidad que los vinos, vinagres, las cervezas, licores en general cumplan la normativa, no solamente la potabilidad y genuinidad, sino que los productos hayan sido elaborados de acuerdo a la normativa vigente, que estén registrados en el SAG, que cuenten con su etiqueta con la información correspondiente y en el caso de los productos importados que el importador y el producto también estén inscritos en nuestros registros”.

Durante estas fiscalizaciones los/as inspectores/as del SAG revisan el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias para la producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, con el objeto de garantizar la genuinidad e inocuidad de estos productos y proteger la salud del consumidor, lo que se verifica a través de la revisión documental, etiquetas, inscripciones en los registros del SAG y composición físico química del producto, obteniendo muestras que se analizan en los laboratorios enológicos del mismo Servicio.

Este año, a la fecha, se han cursado 33 infracciones, cuyas principales causas de incumplimiento son problemas de etiquetado (domicilio del importador incompleto o no coincide con el registrado en el SAG), productos no registrados en el SAG, productos falsificados, sin declaración de existencias, stock alcoholes físico no coincide con el documental, entre otros. Quienes infrinjan la normativa vigente se exponen a sanciones y multas entre 1 y 5.000 UTM, las que varían dependiendo de la gravedad y reincidencia del incumplimiento detectado.