La Presidencia, a través del Consejo de Defensa del Estado, apeló ante la resolución del Consejo para la Transparencia de entregar los correos institucionales del jefe de gabinete del Gobierno, Carlos Durán, y del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, al diputado Tomás Lagomarsino (IND). Esto en el marco del caso Monsalve.

En primera instancia el parlamentario había solicitado esta información mediante la Ley de Transparencia con el fin de verificar las gestiones que se hicieron para hallar un reemplazo del exsubsecretario. La solicitud fue denegada, pero luego de la respectiva apelación, el CPLT ordenó que se acoja la petición del diputado.

Se "entregue al reclamante (Lagomarsino) copia de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos entre el 14 de octubre y el 18 de octubre, de 2024, entre las personas individualizadas, que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve, reservándose, en el evento de ser pertinente, la información sobre materias diversas a la pedida; de inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público", definió.

Y esto fue apelado ante la Corte de Apelaciones por el abogado Marcelo Chandía Peña, en representación de los órganos del Ejecutivo. "Se sirva tener por presentado y acoger a tramitación el Reclamo de Ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo Rol C8-25, adoptada por el Consejo para la Transparencia, declarar su ilegalidad, dejar sin efecto la decisión y declarar que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República actuó conforme a derecho", se lee en el documento.

Además, aluden a la "seguridad nacional" para no entregar los correos. "Se refiere a la causal de reserva del artículo 21 Nº3 y Nº4, relativa a la afectación a la seguridad de la nación y al interés nacional, recogiendo sobre este punto que la información a la cual tienen acceso las personas cuyos correos electrónicos se remiten, está revestida de una alta sensibilidad, en virtud de los roles que los asesores individualizados tienen, como colaboradores directos de S.E., el Presidente de la República".

Por esto, "se concluye que el Consejo para la Transparencia resolvió este caso de forma completa y manifiestamente ilegal, exigiendo la entrega de información que no se condice con lo señalado por la Ley de Transparencia y la jurisprudencia administrativa y judicial, obligando a la Presidencia de la República a entregar correos electrónicos no amparados por dicha normativas, contraviniendo la normas que regulan la transparencia pública, además del literal b) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, así como los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880, debido a que el acto reclamado carece de la fundamentación mínima necesaria".

Cierra con que "en consecuencia, se solicita a S.S. Iltma. acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto, y declarar el actuar ilegal del Consejo para la Transparencia en la resolución de la Decisión de Amparo C8-25, dejando sin efecto el acto reclamado, en virtud de las razones latamente esgrimidas en el presente apartado".

Postura de Lagomarsino

Ante esta apelación de Presidencia, el diputado Lagomarsino señaló que "por la boca muere el pez. El FA fue muy crítico de la no entrega de los correos durante la pandemia y ahora, en esto, están haciendo exactamente lo mismo.

A veces las críticas destempladas justamente hay que pensarlas dos veces". Agregó que "estoy buscando antecedentes para sustentar aquello que ellos mismos indicaban en la Comisión Investigadora, para ver si efectivamente hicieron esas gestiones desde el 14.

Por mi lado, vamos a llegar hasta la última instancia para requerirlo y ojalá que finalmente la institucionalidad se pronuncie a favor de uno y poder conocer esos correos".

"Tampoco es que pidamos correos de 2-3 meses. Es súper específico, el 14, que ellos indicaron que el Presidente le requirió iniciar las gestiones para buscar un nombre de reemplazo y el 18, en que finalmente se le pide la renuncia al ex subsecretario Monsalve. Esos cinco días es exclusivamente lo que estoy pidiendo para constatar si efectivamente existían esas gestiones", cerró.