Desde renuncias y sumarios hasta solicitudes de desvinculación. Distintas son las acciones que se han anunciado tras la polémica por las licencias médicas. Y es que en un comienzo se conoció -gracias a un informe de la Contraloría General de la República (CGR)- que entre el 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile estando con permiso de ausentismo por salud.

Pero luego, fueron más los antecedentes, como que doctores del sector público asistieron partos en clínicas privadas durante sus licencias médicas. Así, uno de los primeros actos fue la emisión de un oficio por parte del Ministerio de Hacienda a los Ministros, Secretarios y Jefes de Servicios e Instituciones del Sector Público, para informar sobre la conformación del Comité Nacional de Ausentismo.

De acuerdo con la cartera, la instancia tiene el propósito de "coordinar acciones, establecer lineamientos y promover buenas prácticas orientadas a la prevención y reducción del ausentismo en la Administración Pública".

Poco después, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que lo ocurrido "es grave" y "valoramos el informe de la Contraloría" que "se enmarca dentro de una serie de esfuerzos que se venían desarrollando desde antes por parte del Gobierno".

Asimismo, reafirmó que solicitarán "un informe a todos los ministerios y servicios" y van a "enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se ejerzan acciones penales o civiles según sea el caso".

También, "se van a instruir sumarios para que finalmente esto quede completamente esclarecido". El fiscal nacional, Ángel Valencia, también se sumó a las acciones determinando abrir una investigación de oficio. La indagatoria de carácter penal quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Oriente, sede del Ministerio Público que es liderada por la fiscal Lorena Parra.

La propia CGR anunció el inicio de sumarios a tres entidades. Se trata de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), órganos dedicados justamente a controlar el mal uso de las licencias.

Por otro lado, y luego de que se conociera que había viajado a Europa pese a estar con licencia médica, el jefe de una de las divisiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Raúl Domínguez, renunció a su cargo.

Domínguez era investigado por el tema denunciado por Contraloría, pese a lo cual en enero de este año había recibido un aumento en su remuneración. El mismo medio señaló que Domínguez sería amigo del Presidente Gabriel Boric, desde que fueron compañeros de colegio y que ambos habrían sido detenidos por Carabineros por rayar murallas en Punta Arenas.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que el municipio que lidera abrirá un sumario a unas 300 personas (funcionarios y exfuncionarios) que habrían sido parte de esta situación. En dicho listado se encuentra el exministro Marcos Barraza (PC), quien se desempeñó como jefe de gabinete de la ex alcaldesa de la comuna Irací Hassler, y quien negó haber cometido "abuso".

Recientemente, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió desvincular a 126 funcionarios de dicha comuna que fueron mencionados en el informe de la Contraloría. Se trata de trabajadores de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, quienes habrían hecho mal uso de sus licencias bajo la administración de Emilia Ríos (FA).

También se conoció que el propio Ministerio Público anunció el inicio de una investigación interna para determinar si la situación revelada por la CGR también se habría replicado entre sus propios funcionarios.

Como la indagatoria de la Contraloría no incluyó a entidades autónomas ni a órganos pertenecientes a otras ramas del Estado, como el Poder Judicial o el propio Ministerio Público, razón por la cual estas instituciones han decidido realizar sus propias revisiones.

Durante la jornada del sábado, además, tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado anunciaron que harían lo propio. Por último, se comunicó que médicos que usaron licencias para asistir partos en clínicas y hospitales pasarán a tribunal de ética.