La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relativa a la ejecución de los recursos transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para la realización de programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional.

Dicha transferencia, que alcanzó cerca de $1.000 millones, se concretó mediante la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.

Cabe recordar que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) le solicito al CUECh acceso a la información señalada y este se negó, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio.

Ante lo cual, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias.

Sin embargo, el tribunal desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT. Luego, el CUECh apeló ante la Corte Suprema, donde se volvió a desestimar su posición.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, valoró esta decisión y dijo que "este fallo es sumamente relevante, pues confirma el criterio jurisprudencial que el CPLT ha venido aplicando.

Si hay fondos públicos involucrados y se cumple una función pública administrativa, independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social".

El Cuech es una corporación compuesta por 18 universidades del Estado: Tarapacá, Arturo Prat de Antofagasta, de Atacama, de la Serena, de Playa Ancha de Valparaíso, de Santiago de Chile, Tecnológica Metropolitana, de Chile, Metropolitana de Ciencias de la Educación, de O'Higgins, de Talca, del Bío-Bío, de la Frontera, de los Lagos, de Aysén y de Magallanes.