Recientemente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca eliminar el límite legal de 11 años para el cálculo de la indemnización por años de servicio. La propuesta, respaldada por el principio “año trabajado, año pagado”, establece que cada año de contrato dará derecho a 30 días de sueldo, sin tope.

Como representante del sector comercial y turístico, aplaudo la intención de reconocer la trayectoria y compromiso de los trabajadores, especialmente en pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Valoro la justicia intrínseca de remunerar por cada año de servicio prestado. Sin embargo, debemos abordar con responsabilidad e inteligencia las consecuencias que esta medida podría acarrear para nuestro mercado laboral.

Costos y sostenibilidad para las PYMEs

Hoy, las indemnizaciones en Chile ya están entre las más altas de la OCDE. Sumadas al impacto de la Ley de 40 horas, el alza del salario mínimo y mayores cotizaciones previsionales, los costos de contratación y despido representan una carga significativa, más aún para las PYMEs.

Eliminar el tope podría desincentivar la generación de nuevas fuentes laborales, pues los empleadores verían una mayor incertidumbre financiera. En una comuna como la nuestra, donde muchas empresas operan con márgenes ajustados, esto podría traducirse en menor formalización, mayor informalidad o reducción de plantillas.

Competitividad y creación de empleo

En estos momentos, tenemos más de 900.000 personas activas buscando trabajo. Necesitamos dinamizar nuestra economía, no complicarla. Es fundamental que una reforma de este tipo vaya acompañada de medidas que promuevan la contratación, incentiven la productividad e incluyan flexibilidad para las PYMEs (como plazos escalonados o excitativas diferenciadas).

Hacia un diálogo constructivo

Propongo que avancemos en un debate amplio, que escuche a todas las voces: trabajadores, organizaciones gremiales, académicos y empleadores. Que incorpore mecanismos como bonificaciones para empresas que contraten más trabajadores o incentivos para empresas que ofrezcan estabilidad laboral. Así, podremos articular justicia con prudencia, creando un sistema laboral más sólido y sostenible.

En definitiva: “año trabajado, año pagado” es una máxima justa, pero su implementación debe estar acompañada de una visión de país que fortalezca el empleo, el tejido productivo y la competitividad.

Esa es la mirada que como presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles propongo: un progreso con responsabilidad y equidad.
 

Claudia Illesca Elos
Presidenta, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles