Distintos son los frentes que el gobierno y las autoridades locales monitorean para frenar la creciente crisis migratoria en el norte del país, especialmente en la Región de Tarapacá. La presencia policial y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para impedir los pasos ilegales y la habilitación de albergues para quienes pisan territorio nacional se han transformado en las medidas más inmediatas.

A propósito de esta crisis, a comienzos de este año el Ejecutivo comenzó a mirar con preocupación el fenómeno -lanzando entonces el Plan Colchane- dados los altos flujos migratorios que venían al alza, especialmente desde diciembre del año pasado. Por lo mismo, el Ministerio del Interior encargó un análisis de “Caracterización Migratoria” a la PDI para tener más información sobre el perfil de quienes cruzaron la frontera de manera clandestina.

Los resultados -luego de un catastro realizado por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI- entregaron al gobierno una de las respuestas de por qué es Chile el destino de los migrantes, en su gran mayoría ciudadanos venezolanos que salieron apresuradamente de su país: un 59% de estas personas vivieron, en promedio, 21 meses en otros países antes de pisar territorio nacional.

Según este análisis, “un 41% de los ciudadanos venezolanos que componen la muestra emigran hacia Chile de manera directa. Un 40%, que equivale a 293 venezolanos, proviene de Perú, viviendo en promedio 19 meses antes de ingresar clandestinamente a Chile. Un 11%, que equivale a 80 venezolanos, proviene de Colombia, viviendo en promedio 20 meses antes de ingresar clandestinamente a Chile. Finalmente, un 6%, que equivale a 41 venezolanos, proviene de Ecuador, viviendo en promedio 24 meses antes de ingresar clandestinamente”.

Dado el amplio volumen de datos, se decidió tomar una submuestra de 800 casos de ingresos ilegales, de un universo de cerca de 7.000 casos, los cuales fueron procesados por la PDI, dando cuenta de que el 80% de los inmigrantes ilegales que componen la muestra son menores de 41 años.

"Evidentemente, las difíciles condiciones que conlleva esta actividad son incompatibles con personas de mayor edad. Con todo, un 1,2% de la muestra corresponde a personas mayores de 60 años (10)”, dice el texto.

Chile como segunda o tercera opción

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “lo que nos muestra esta estadística es que una buena parte de estos migrantes están buscando oportunidades económicas por las condiciones en su país de origen, pero la buscaron antes en otros países. Eso tiene que ver con una reflexión mayor: nuestro país ha sido capaz de resistir de mejor manera los efectos sanitarios y previos a la pandemia”.

En ese sentido, Galli apuntó directamente a la crisis social y política en Venezuela, donde, dijo que “si es que los empleos formales en Venezuela reciben entre $ 2 y $ 5 dólares de remuneración mensual, el problema está allá por la total falta de oportunidades en ese país”.

El gobierno, a través de la Cancillería, ha tomado contacto con distintos países en la región para poder abordar en conjunto la crisis migratoria. Galli, en ese sentido, manifestó que “deben hacerse cargo, también, quienes en Chile y América apoyan un gobierno totalitario como el de Venezuela, el que obliga a sus ciudadanos a salir de ese país. De no ser así, Chile se estaría haciendo cargo de darles protección a los ciudadanos venezolanos que no fue posible obtener en Colombia, Ecuador o Perú”.