A casi tres meses de haber sido ingresado, esta semana comenzó finalmente la tramitación de un proyecto que presentó la diputada por el Biobío, Marlene Pérez, que busca autorizar a los efectivos en retiro de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de Carabineros a portar armas de fuego en la vía pública, como una manera de contribuir a enfrentar la grave crisis delictual por la que hoy atraviesa el país.

Al respecto, la parlamentaria independiente explicó que fue en la comisión de Defensa donde se empezó a discutir su iniciativa, la que tiene por objetivo ampliar justamente el grupo de efectivos policiales y militares -tanto activos como en retiro- que estén autorizados a portar armas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que garanticen a la población que se usarán de manera correcta.

En esa línea, Pérez precisó que en la actualidad, de acuerdo al Decreto Ley N° 3.356, sólo los oficiales generales, oficiales superiores, tenientes coroneles o equivalentes, además de los suboficiales mayores en retiro de las FF.AA. y de Carabineros, están autorizar a portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre. Por lo mismo, lo que propuso la representante del Distrito 20 es que dicha norma se pueda extender al resto de los funcionarios en retiro, siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: haber estado al menos 20 años en la institución, no tener antecedentes penales y no registrar denuncias por hechos sobre violencia intrafamiliar (VIF).

“Ante la grave crisis de seguridad por la que estamos atravesando, creemos que es absolutamente pertinente que los funcionarios militares y policiales que cumplan ciertos requisitos, como los 20 años de servicio y no tener antecedentes penales, estén autorizados a portar armas de fuego debidamente inscritas en la vía pública. Muchas veces hemos visto que funcionarios de franco o en otras circunstancias han colaborado a prevenir un delito o a detener a algún delincuente, por lo tanto es de toda lógica que personas que tienen las destrezas y habilidades en esta materia puedan apoyar una labor compleja, de la cual las autoridades ya se han visto sobrepasadas”, sostuvo Pérez.

Justamente, la representante del Biobío apuntó a la formalización especializada y también a la experiencia con la que cuentan dichos efectivos, sobre todo a raíz de la política de desarme que ha impulsado el actual Gobierno. Así, manifestó que “quienes saben utilizar y hacer un uso adecuado de las armas de fuego perfectamente podrían contribuir a enfrentar alguna situación imprevisible”.

“Por lo mismo -agregó la legisladora-, lo que esperamos es que este proyecto avance lo más rápido posible y no se termine entrampando por una situación política o ideológica. En esta crisis no sobra nadie, de tal manera que si ya existe un decreto que autoriza a ciertos rangos portar armas de fuego, creemos que es del todo pertinente que se extienda a quienes también cuentan con la experiencia”.