La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio.

Se trata de una norma patrocinada por parlamentarios oficialistas, y que vuelve a poner en debate un asunto que en varias ocasiones se ha tomado la agenda laboral en el mundo político.

No obstante, la propuesta ha recibido diversos cuestionamientos desde el gran empresariado, donde aseguran que su aprobación podría traer aún más trabas a un mercado laboral ya tensionado.

Al respecto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirma que "es preocupante que en momentos en que hay casi un millón de personas que quieren trabajar y no logran encontrar empleo, se avance en iniciativas que van justamente en el sentido contrario de facilitar la contratación y favorecer el trabajo formal y protegido". "Hoy los costos de despido y de contratación ya representan una barrera significativa para los nuevos empleos.

Las indemnizaciones por años de servicio en Chile son las más altas de la OCDE. Por otra parte, medidas como la Ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo por sobre la productividad, además del alza de cotizaciones previsionales, han incrementado los costos laborales, afectando a todo tipo de empresas, pero especialmente a las pymes", complementa.

A juicio de la líder gremial, "dos años con un desempleo superior al 8%, la alta informalidad y los actuales desafíos del mundo del trabajo evidencian la necesidad de avanzar en mayor flexibilidad laboral, con medidas que fomenten la generación de más empleos formales y protegidos, y permitan una mayor la movilidad laboral".

"En años electorales se debe ser muy cuidadoso a la hora de lanzar propuestas que podrían perjudicar a quienes se dice que se busca beneficiar", acota Jiménez.