Los casos de vínculos de funcionarios del Ejército y de la Fuerza Aérea (FACh) con tráfico de drogas y eventuales nexos con el crimen organizado, abrió varios focos de alerta en torno a la porosidad de la frontera, los controles internos que deben mantener y reforzar las instituciones, y de paso, se volvió a poner el acento en la ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

El Presidente Gabriel Boric convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a La Moneda, para conocer los antecedentes de los casos que son tildados una y otra vez por las autoridades como "graves y complejos".

Al término de la reunión, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sostuvo que se aumentarían las medidas de control en las instituciones, "aumento de inteligencia y contrainteligencia, aumento del número de oficiales que están en la zona norte", y se rotará el personal, "que la gente que está en Arica vayan a Colchane, después se devuelven y van los de Iquique", ejemplificó.

Pero habrá otras medidas en materia legislativa. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que el Presidente encomendó que se realicen "ajustes" en torno a la tramitación de la Ley de Inteligencia.

A fines de junio, el Senado aprobó una serie de enmiendas introducidas en el proyecto, pero debido a que hubo divergencia y se rechazaron varios artículos, el texto fue despachado a comisión mixta.

Esta semana, el Senado debería ratificar los nombres que conforman dicha comisión, y luego de eso, se debería convocar para la próxima semana la sesión de la mixta para revisar la nueva ley.

La normativa se encuentra desde noviembre de 2018 en el Congreso -ingresada durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera-, y durante el actual gobierno han ocurrido varios hechos que han cruzado su tramitación y han obligado al ingreso de nuevas indicaciones, además de los debates propios de la discusión parlamentaria.

El "zar de inteligencia"

Apenas comenzaba el gobierno del Presidente Gabriel Boric cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, decidió ir a la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía.

El episodio, junto con poner en tela de juicio la preparación del viaje de otrora jefa de gabinete a la zona, abrió las dudas sobre el nivel y la calidad de la información de inteligencia con el cual cuentan las autoridades políticas del país, la cual por ley debe ser provista por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El organismo ha sido permanente objeto de críticas por su "incapacidad" de anticiparse a hechos de alta connotación pública, como la instalación de artefactos explosivos por parte de algunos grupos, los atentados en La Arauncanía, incluso, por el origen de los hechos que de violencia que dieron forma al estallido del 18-O.

Siches presentó en mayo de 2022 la agenda legislativa de Interior ante el Parlamento, instancia donde adelantó que se ingresaría un proyecto de ley de reforma en materia de inteligencia, que entre otros aspectos, creaba la figura de un "coordinador", que "tenga una autoridad efectiva en torno a los sistemas, que permita un control y una anticipación por parte de los distintos gobiernos"; es decir, un "zar" de inteligencia.

En enero de 2023, el actual Gobierno envió una serie de indicaciones al proyecto, que incorporaba la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia; la Política Nacional de Inteligencia; la Estrategia Nacional de Inteligencia del Estado; un Consejo Asesor de Inteligencia (integrado por ministros, además del secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia y Subsecretario del Interior); un Comité de Inteligencia; y la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, como "sucesora de la ANI".

Caso Monsalve

El proyecto continuó con su tramitación en el Congreso -con presentaciones y retiro de nuevas indicaciones y urgencias por parte del Ejecutivo-, pero el caso Monsalve, que estalló en octubre de 2024, reactivó el debate en torno a la idea de un "zar de inteligencia".

En noviembre, parlamentarios amenazaron con interrumpir la tramitación de la ley de inteligencia, que por ese entonces estaba en la Comisión de Defensa de la Cámara, bajo el argumento de que se habían "roto las confianzas" con el Ejecutivo.

Esto, porque precisamente la Subsecretaría del Interior, liderada por Monsalve hasta su renuncia, lideraba el proceso. A ello, se sumaba que Ana Lya Uriarte también había dejado su rol como asesora legislativa e integrante del equipo más íntimo de Monsalve. Era precisamente a Uriarte a quien se le atribuía el logro de haber "destrabado el proyecto" en una comisión transversal y compleja.

Pero en esa "falta de confianza" residía otro elemento: tras conocerse las indicaciones que había dado Monsalve a la PDI -como la revisión de cámaras durante la noche que dio paso a la denuncia en su contra por abuso sexual y violación-, los parlamentarios cuestionaron que se podría hacer un "mal uso" de la ley de inteligencia, así, la figura del "zar", quedaba profundamente cuestionada.

El expresidente de la comisión de Defensa, diputado Andrés Jouannet (Amarillos), dijo por ese entonces que Monsalve estaba "obsesionado con el 'zar de inteligencia', pero nosotros fuimos quitándole atribuciones, dejamos a este personaje como un coordinador del comité de ministros, porque la idea original del subsecretario era terminar con la ANI".

El gobierno había ingresado y retirado indicaciones previo al escándalo en marzo, abril y mayo de ese año, y añadió otras en septiembre de 2024, donde se planteó que la Escuela Nacional de Inteligencia dependa de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil y ya no de la Secretaría Ejecutiva; y se estableció un procedimiento especial para juicios laborales regulados en el Código del Trabajo en los que comparecen partes en calidad de funcionarios de la Agencia.

Además, se introdujo una excepción en materia de publicidad y la adopción de medidas para resguardar el secreto de las actuaciones e identidad de los funcionarios, "y estableciendo el deber de secreto de los funcionarios que tengan conocimiento de las causas". Otras indicaciones también fueron presentadas por el Ejecutivo en noviembre de 2024 y en enero de 2025.

Caso Ejército y FACh

Los casos de tráfico en el Ejército y la Fuerza Aérea reavivaron la discusión en torno a la necesidad, según algunas voces, de avanzar en materia de inteligencia. "El Presidente encomendó que realicemos ciertos ajustes para actualizar el marco normativo y dotar a las instituciones de más y mejores herramientas para prevenir hechos de esta naturaleza", dijo ayer el ministro Álvaro Elizade. Esos ajustes, se presentarán como indicaciones al proyecto.

Otras voces del Parlamento también han apuntando a estas urgencias. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), dijo el lunes que "tenemos que tener una institucionalidad nueva en materia de inteligencia, para que efectivamente se pueda hacer contra inteligencia fuera de los recintos militares. Vale decir, los militares puedan seguir a los militares fuera, porque ellos se vinculan al crimen organizado y entregar estos antecedentes a la justicia", junto a otras medidas.

Por su parte, el diputado perteneciente a la Comisión de Inteligencia, Stephan Schubert (Ind.-Republicanos) planteó que "es relevante entender que hoy día, con un crimen organizado que está penetrando nuestras instituciones, con el terrorismo y con el narcotráfico con sus millones y millones de pesos dando vuelta, la contrainteligencia debería haber sido fortalecida y dirigida por parte del Estado una estrategia especial para velar, para que nuestras instituciones no sean permeadas como lamentablemente ya vemos que está ocurriendo, o que más bien dicho, ocurrió hace tiempo".