Tal como se adelantó la semana pasada, el Gobierno insistirá en que el levantamiento administrativo del secreto bancario -es decir, sin autorización judicial- se incorpore en el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

Así lo confirmó la ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berner, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, donde presentó las 45 indicaciones del Ejecutivo de cara al segundo trámite constitucional de la iniciativa.

El Senado aprobó el proyecto en general en marzo pasado, pero rechazó -con votos de la oposición- que la Fiscalía dispusiera del levantamiento administrativo del secreto bancario, algo que en la actualidad requiere el visto bueno de un juez de garantía.

La redacción original pretendía que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera seguir la ruta del dinero de las bandas delictuales de forma más expedita, pero el Gobierno ahora acotó el alcance de la posible medida.

Según la propuesta actual, la UAF podrá acceder a las cuentas sin pasar por un tribunal en tres casos: al obtener un reporte de operación sospechosa emitido por un banco; si tal alerta se refiere a funcionarios públicos, o si apunta a una persona jurídica, como una empresa o institución.

Algunos integrantes de la comisión parlamentaria opinaron que establecer estas excepciones parece innecesario, y que incluso, se corre el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad o en una vulneración a los derechos de los implicados.

Frente a esos reparos, la ministra (s) Berner aclaró: "Si en ese análisis económico-financiero de inteligencia que hace la UAF se ve que esa operación es más que sospechosa en sí misma, y eventualmente constituye delito, envía esa información al Ministerio Público, que hará -nuevamente- todos los análisis, y si lo considera, y va a un tema más penal, siempre tiene que pedir la autorización a un juez".

En un principio, estaba previsto que las primeras indicaciones al proyecto se votaran durante la sesión de hoy, pero sólo hubo tiempo para las presentaciones del Ejecutivo y para las consultas de los diputados.