El año 2024 quedará marcado en la Corte Suprema. Su propio presidente, Ricardo Blanco, aseguró que fue un "año complejo" para el Poder Judicial.

Cabe recordar que el año pasado tres de los entonces ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal -Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus- se vieron envueltos en polémicas y fueron vinculados al Caso Audios por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

En el caso de Vivanco, la comunicación fue a través de su pareja, Gonzalo Migueles; mientras que en relación a Matus, se reveló una conversación entre el magistrado y el abogado, tan solo días después de su nombramiento en la institución.

A esto se suma Muñoz, quien fue acusado de facilitar información privilegiada a su hija, Graciel Muñoz -quien también es abogada y jueza del tribunal-, para incidir en la compra de inmuebles. En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, señaló que "el año pasado representó para el Poder Judicial un reto especialmente complejo".

En su discurso de inauguración del Año Judicial 2025, Blanco relató que el tribunal pasó por "una intensa etapa marcada por serios cuestionamientos respecto de situaciones que concentraron la atención nacional sobre esta Corte, referente a hechos graves que toda organización de la República respetuosa de rendir la cuenta permanente en sus función debe investigar para luego adoptar las decisiones que en derecho sean pertinentes".

Pese a esto, Blanco destacó que "enfrentada a este escenario complejo, nuestra institución dio las respuestas adecuadas y proporcionales que el ordenamiento jurídico prevé para su corrección desde diversas dimensiones".

Dentro de las diligencias que se realizaron, se encuentra que "el tribunal del presidente de la Corte Suprema de Justicia en uso de sus atribuciones convocó a la Comisión de Ética de este tribunal para indagar a fondo los asuntos que pusieron en tela de juicio a la organización". Esto, con el propósito de "comprobar la existencia de hechos que podrían comprometer gravemente al Poder Judicial y de verificar el establecimiento de sucesos reñidos con el comportamiento que deben tener todos los miembros de la judicatura".

"En este terreno, las resoluciones adoptadas por esta Corte consistente en la remoción de una ministra de sus funciones por mal comportamiento y en la apertura de sumarios administrativos a raíz de los informes emitidos por la Comisión de Ética, luego de un acucioso trabajo estuvieron en la concordancia con la entidad y gravedad de los hechos acreditados", agregó el presidente del máximo tribunal.

"Sin duda, examinar las actuaciones entre pares desde la perspectiva ética no es una tarea grata ni sencilla, pero es parte de las responsabilidades que suponen las funciones del cargo", admitió Blanco.

"Con seguridad puedo decir que a pesar del riesgo que asumió tomar esa decisiones, la Corte Suprema dictó las resoluciones que en derecho se estimaron apropiadas, lo que refuerza a esta institución el apego a los mecanismos de control que el Estado Derecho y la democracia prevén, haciendo posible aún más intensificar nuestra labor para fortalecer el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y buscar soluciones que permitan reducir los riesgos de repetición de eventos de esa naturaleza", complementó.

El magistrado también mencionó que "puedo afirmar que luego de ese trance la Corte Suprema ha salido fortalecida, cohesionada, y comprometida en renovar nuestro deber de administrar justicia con apego irrestricto a la constitución y a las leyes de la República".

El presidente de la Corte Suprema también destacó el rol del Congreso Nacional en relación a estas polémicas: "Por su parte, el Poder Legislativo, por medio del mecanismo que dispone la carta constitucional, destituyó de sus cargos a dos miembros de esta Corte, hecho que junto con producir un indudable impacto, ratifica la vigencia de los controles recíprocos entre poderes".

Finalmente, Ricardo Blanco expresó que "es necesario indicar que la Corte ha liderado este objetivo no solo mediante la corrección de las situaciones específicas contratadas, sino también por medio de la proposición de los cambios necesarios normativos para tal finalidad incluidos tantos aquellos que pueden ser autónomamente construidos, como los que requieren esfuerzos de otros poderes estatales".