Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en torno a la intencionalidad en el origen de los incendios forestales en la zona centro sur del país, fueron rechazadas por la Coordinadora de Territorios del Wallmapu.

En concreto, la secretaria de Estado dijo: "¿Qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra".

Si bien el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, no descartó esta línea investiga, sostuvo que "hasta el momento no tenemos antecedentes" que permitan corroborar que las organizaciones criminales que operan en el ámbito rural participen del inicio del fuego. Eso sí, también indicó que "el hecho de que no exista una reivindicación explícita no es un elemento suficiente como para descartar a priori" su involucramiento.

Así las cosas, un grupo de dirigentes y miembros de la Coordinadora de Territorios del Wallmapu manifestaron su postura respecto de las declaraciones de la titular de Interior. Al respecto, el presidente de Ad Mapu, el histórico dirigente José Santos Millao, señaló que el pasado miércoles se reunió en Imperial un conjunto de dirigentes de organizaciones, comunidades y personas mapuches de distintos puntos del territorio nacional para analizar la contingencia política.

Así, Millao dejó en claro que "los mapuches no estamos vinculados con los incendios desatados", agregando que "es insólito lo que plantea la clase política: si nosotros no somos tan tontos.

El Estado lleva aquí un tiempo, pero nosotros 14 mil años. Con la señora Tohá nos reuníamos en la dictadura de manera clandestina y resulta que ahora ella nos echa la culpa y nos aplica la represión". Acotó que "nuestra gente está ayudando a frenar esto y hay molestia porque el Estado no nos considera para nada en las coordinaciones (de la emergencia).

No nos toman en cuenta", destacando además que un análisis debe considerar que "nuestro planeta tierra está ardiendo a causa de la excesiva explotación de la naturaleza y en nuestra región es porque cambiaron el granero de Chile por las forestales. La raíz de todo es el modelo económico".

La coordinadora acordó "exigir" al Gobierno el término de una serie de leyes de seguridad, algunas de ellas recientemente promulgadas, así como la derogación del Decreto de Ley 701, el cual desde el 2012 dejó de entregar bonificaciones a las forestales, pero sigue vigente con la obligación de reforestar. Y aunque esta es la versión oficial, para los dirigentes, lo importante es eliminar su vigencia, tal como en su momento lo propuso el Presidente Gabriel Boric.

Millao agregó que también hay molestia por considerar, a raíz de la Ley de Usurpaciones, "a nuestros presos políticos mapuches delincuentes y terroristas, cuando nosotros somos más inteligentes que ellos, por eso estamos resistiendo hace 500 años".

Respecto de las leyes que buscan derogar, además de la Ley de Usurpaciones suman la Ley Antiterrorista, agregando el término del Estado de Excepción. "Exigimos el término inmediato de la militarización, no podemos seguir así. Deben escuchar nuestros argumentos frente a frente y hacer un recorrido para ver los planes y armas que tienen nuestras comunidades (...).

Aquí se habla de un Estado de Derecho, pero que construyeron sin nosotros, matándonos. En circunstancias que nosotros tenemos nuestros principios, códigos y leyes, pero no nos preguntan nada", dijo Millao.