Este lunes 27 de septiembre comienza en el país la vacunación masiva contra el covid-19 de los niños entre 6 y 11 años de edad. El Ministerio de Salud definió que esto se realizará directamente en los establecimientos educacionales, donde los menores recibirán la vacuna CoronaVac –del laboratorio Sinovac–, que fue recientemente aprobada para ese grupo etario por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Al tratarse de una vacuna voluntaria –y no parte del Plan Nacional de Inmunización–, el colegio enviará a los apoderados una autorización, la que debe ser suscrita por éstos para que los niños sean inoculados. El llamado de las autoridades ha sido claro. "Es fundamental que los padres faciliten el proceso de vacunación, que va en directo beneficio de sus hijos y de las comunidades educativas", señala el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Mientras que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostiene que es "súper importante invitar a todos los papás, mamás y adultos responsables a llevar a los niños a vacunarse. Mientras más pronto se vacunen, más posibilidades tenemos de que su retorno al colegio sea más seguro". No obstante, a días de que comience el proceso de inoculación en los colegios, hay apoderados que ya han manifestado que no autorizarán que sus hijos sean vacunados.

Según una encuesta de Educación 2020 –publicada en el mes de julio, antes de que se aprobara extender la vacuna a los a niños–, el 71% de los apoderados señalaba estar dispuesto a vacunar a su hijo, un 19% que tal vez lo haría y un 10% afirmaba que no. Así, se prevé que en las próximas semanas convivan en los colegios estudiantes vacunados contra el covid-19 y otros que no lo estarán.

¿Cómo se debieran abordar esa situación en las comunidades escolares?, ¿los establecimientos debieran conversar con aquellos padres?, ¿podrían restringirse actividades solo a los alumnos que sí estén inmunizados?

No se podría exigir la vacuna para ingresar a clases

Hay que tener en cuenta que la información sobre la vacunación es privada. Aunque en el caso de los niños están las autorizaciones que enviarán los apoderados al colegio, y además es posible que también se les entregue a los menores un pase de movilidad, así como los adultos.

En junio –cuando partía la inoculación de los adolescentes de 12 a 17 años– el Superintendente de Educación, Cristián O'Ryan, explicó que: "La normativa educacional no contempla la obligatoriedad de vacunación contra el covid-19. Por ende, ningún establecimiento puede exigir que sus estudiantes estén vacunados para ingresar a clases".

En tanto, al ser consultado, señaló que "las definiciones sobre la campaña de vacunación contra el covid-19 y todas las políticas públicas realizadas para enfrentar la pandemia las realiza la autoridad sanitaria".

En cuanto a las definiciones que pueden tomar los establecimientos, dijo que "se deben mantener los principios que establece la normativa educacional en el artículo 10 de la Ley General de Educación". Dicho artículo señala, entre otros puntos, que "los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral (...) a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo (...) a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento".

En tanto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostuvo, que "los padres tienen un rol insustituible en la crianza, cuidado y protección de sus hijos, pero aquella forma de crianza no puede generarles riesgo o situaciones de desprotección, e impedir que ellos sean vacunados es una situación de riesgo, que no atiende al interés superior del niño; por eso los tribunales han sido categóricos en señalar que eso debe producirse", aludiendo a fallos que han ordenado vacunar a menores de edad pese a la resistencia de los padres.

No obstante, en el caso del covid-19, dijo que "siendo la vacuna no obligatoria no estaría la posibilidad de que se produjera alguna denuncia; pero yo confío en que la gravedad de esta pandemia va a ser suficiente llamado de atención para todos los papás en orden a querer proteger la vida de sus hijos".

De todos modos, indicó que la próxima semana se reunirá con el ministro de Educación, "precisamente, para ver cómo potenciar estos procesos de vacunación al interior de los colegios, y si se detecta un caso en que un papá o una mamá se oponga a la vacunación es importante (saber) cómo los colegios van a avisar, a quién dar cuenta de esta situación, de manera que se generen los procesos necesarios para que la vacunación se produzca y ese niño no esté en una situación de desprotección".

En caso de que un niño quisiera vacunarse y sus padres no lo autoricen, señaló que "si eso llegara a ocurrir, los propios niños reportan esa situación, ya sea en el colegio o alguna otra institución, y se puede generar una intervención que permita que se resuelva a su favor".

"Niños podrían estar expuestos a la sanción social"

Paulo Volante, académico de la Facultad de Educación UC, considera que éste "es un tema crítico". "La pandemia es una situación de total excepción, que amerita un alineamiento a nivel de Estado, de comuna y, por supuesto, a nivel de escuela. Que los padres tengan la posibilidad de que sus niños sean vacunados en las escuelas es un beneficio, y cuesta comprender decisiones individuales que vayan en una dirección contraria", comenta. Por eso, cree que la decisión de algunos apoderados de no vacunar a sus hijos "por supuesto va a ser una dificultad para la convivencia escolar".

"Los niños que estén en esa situación van a estar expuestos a recibir de alguna manera la sanción social y, sobre todo, van a estar expuestos al riesgo de la infección", afirma.

Dice que "un restorán puede no permitir que una persona entre si no tiene el pase de movilidad, y no estaría violando un derecho; en una escuela es diferente. Si bien el colegio no puede negarle el acceso al niño, por supuesto que se producen tensiones a nivel de la comunidad, de los padres, del ambiente social".

Ante eso, dice que "seguramente, los directores y profesores que enfrenten el tema van a saber convencer a las comunidades de participar del proceso de vacunación; y al mismo tiempo buscar vías alternativas, consensuadas, a la hora de dar un espacio especial a niños que no se vacunen". "Lo más probable es que los colegios busquen la mejor alternativa, en conjunto con las familias, para los niños (...) por ejemplo, que continuara online, que se dé un espacio híbrido, que haya actividades en que pueda participar", señala.

De todas formas, advierte que "habrá un dilema que raya en lo ético y se pondrá a prueba la calidad de la convivencia". "Por eso yo apuesto al encuentro, a la conversación directa, confío mucho en el criterio de los directores y profesores.

A nivel de padres puede haber más diferencias, porque los padres tienden a pensar en su espacio más privado, pero acá hay una decisión de salud pública a la que tenemos que sumarnos", subraya.

Cree que el tema debiera conversarse "de manera transparente" y "tratar de entender el punto de vista del otro". "Y así como podemos llegar a entender a una familia que puede tener una opción de no vacunar a su hijo, también esa familia tiene que entender al grupo mayoritario que sí va a vacunar y que sí espera que sus compañeros actúen de manera coherente", afirma.

"Lograr un equilibrio entre el derecho a la educación y derecho a la salud"

En tanto, Jorge Ibáñez, subdirector de política educativa de Educación 2020, plantea que "las comunidades educativas debieran generar los espacios necesarios para poder construir las confianzas con las familias, que permita favorecer la vacunación en los niños y niñas". En esa línea, dice que "se debiesen generar mecanismos de conversación, de reflexión, de mostrar la evidencia también, que vayan generando las confianzas necesarias en los apoderados para que puedan inocular a sus hijos y eso favorezca el aprendizaje presencial".

Respecto de los niños que no sean vacunados por decisión de sus padres, señala que "se les tiene que garantizar de todas maneras su derecho a la educación, y para eso hay que generar las estrategias para que eso se pueda salvaguardar".

"Se tiene que lograr un equilibrio entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, y eso es difícil, no puede estar uno sobre el otro", apunta. Comenta que hay países que han exigido la vacuna para que los alumnos puedan asistir a clases de manera presencial y que a aquéllos que no están inoculados se les ha mantenido con clases a distancia.

Acerca de si esto se podría replicar en Chile, señala que podría "generar un conflicto, más aún cuando sabemos que en Chile no existen las condiciones necesarias para sostener procesos de aprendizaje a distancia". A su juicio, "lo que no hay que hacer es discriminar a los niños y niñas” debido a la vacuna, sino más bien “la escuela debe generar actividades que permitan la inclusión de todos los niños y adolescentes, independiente de si se encuentran o no vacunados".

En cuanto a que el tema sea debatido entre los miembros de la comunidad escolar, afirma que esto "es sano", pero remarca que "es súper importante que se dé un debate informado, con datos, en base a la evidencia, y también en espacios formales, que estén mediados, y que favorezca un debate constructivo, que permita tomar decisiones en base a evidencia".