La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión investigadora del caso de la fallida compraventa de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973) en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde descartó que el acto administrativo del decreto que autoriza la compra contravenga disposiciones legales o constitucionales.

Explicó que dicho decreto es solo una autorización para una futura adquisición y que no se había formalizado ningún contrato al momento de su ingreso.

Por lo mismo, no le corresponde a la Contraloría pronunciarse sobre alguna situación hipotética posterior, dijo Pérez.

Así lo expuso la contralora: "El proceso para adquirir un bien raíz en general o específicamente tratándose de la casa del expresidente señor Salvador Allende implica siempre dos actos administrativos que son dictados en tiempos distintos. El primer acto administrativo consiste en un decreto que autoriza la adquisición. Este es el decreto 38 de 2024.

El segundo es un decreto posterior que aprueba una escritura pública de compraventa que se suscriba. Este segundo decreto no consta que se hubiera dictado. Luego, el decreto 38 de 2024, concluye la Contraloría, en sí mismo, individualmente considerado, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional. Se trata de una mera autorización para una futura adquisición".

La sesión ha estado marcada por la falta de algunos asistentes, como el recientemente renunciado asesor del Presidente Gabriel Boric Leonardo Moreno, la senadora socialista e hija del fallecido Jefe de Estado, Isabel Allende, y la ex ministra de Defensa y nieta del otrora Mandatario, Maya Fernández, lo que ha generado malestar entre los diputados de derecha.

También se revisa la acusación constitucional contra Fernández, cuyos plazos están en curso para su respuesta.