Luego que hace pocos días se diera a conocer que la región de Biobío lideró el “ranking” de regiones afectadas por el robo de cables de cobre con 68 eventos, que correspondierona a 14.404 kilómetros de cable sustraídos, la diputada del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), hizo un llamado al gobierno a ponerle urgencia al proyecto de ley ingresado en agosto de 2023, busca tipificar como delito el robo y hurto de cables de alta tensión en el país, considerando que durante 2024, la sustracción de dicho material provocó interrupciones en el sistema eléctrico, lo que incluso puede generar consecuencias mortales para las personas que son electrodependientes.

Al respecto, la parlamentaria explicó que sólo en la provincia de Arauco se registraron 15 episodios de robo de cables. Por lo mismo, y considerando que en situaciones de emergencias suelen aumentar los robos, la representante de las provincias de Arauco y Biobío propuso aumentar las penas para quienes sean sorprendidos cometiendo dicho delito, como también para quienes se dediquen a reducir los cables y revenderlos. Asimismo, establecieron millonarias multas contra los funcionarios públicos que también participen en bandas criminales con dichos fines.

“El constante robo de cables de alta tensión, destinados a la transmisión eléctrica en nuestro país, no sólo se ha convertido en un verdadero problema y un dolor de cabeza para las empresas que prestan este servicio, sino que también para los usuarios, que deben sufrir con interrupciones inesperadas y en distintos momentos, lo que incluso puede tener consecuencias fatales para las personas que son electrodependientes y que dependen del suministro”, indicó Weisse.

Producto de lo anterior, la legisladora llamó al Gobierno a patrocinar y otorgarle máxima urgencia al proyecto de ley, que hoy duerme en la Cámara de Diputados, considerando que -en promedio- se cometen 60 robos al día, lo que por ejemplo en el año 2024 terminó perjudicando a más de 3,2 millones de hogares desde Arica a La Araucanía, los cuales en su mayoría están ubicados en las comunas y sectores más vulnerables y de escasos recursos.

“Estamos hablando de uno de los delitos que más víctimas tiene en nuestro país, pero que muchas veces no recibe la atención que merece. Cuando sólo se producen 60 robos diarios, significa que cada día hay miles de personas que de un minuto a otro se quedan sin electricidad, debiendo esperar varias horas para su reposición. Incluso, este delito afecta a otros servicios básicos, como el sanitario, porque los sistemas de Agua Potable Rural (APR) dependen de electricidad para el funcionamiento de sus bombas, de manera que el problema es mucho mayor cuando el robo se produce en los sectores más rurales del país”, reiteró la diputada Weisse.