El Ministerio Público invitó a declarar al Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación penal por presunto fraude al Fisco, por el fallido intento del Estado por comprar la casa del fallecido Mandatario Salvador Allende, y así convertirla en un museo.

La Fiscalía indaga eventuales irregularidades en el proceso, dado que se iba a firmar un contrato con dos personas que por ley lo tenían prohibido: la senadora socialista Isabel Allende (hija del expresidente) y su sobrina del mismo partido Maya Fernández (nieta de Allende), quien renunció al Ministerio de Defensa.

Como el Mandatario no puede ser citado a declarar, el ente persecutor lo invitó a participar de tal diligencia el jueves 27 de marzo, aunque Presidencia no avaló tal fecha.

El mismo medio sostiene que el testimonio de Boric es crucial, puesto que en noviembre pasado él firmó los decretos que autorizaban la adquisición de la vivienda de Allende, pese a que las propietarias eran autoridades en ejercicio.

Mediante una declaración, Presidencia respondió al requerimiento de la Fiscalía apuntando que "el Presidente de la República ha estado y está disponible para aportar lo que sea necesario en este caso".

"Dada la existencia de una querella presentada en procedimiento, y sin perjuicio de que la calidad de la persona que concurre la determina la Fiscalía, el Presidente queda en calidad de querellado", confirma el escrito del Gobierno.

Hasta ahora, sólo Fernández y la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval -que salió del Gobierno tras destaparse el caso- han declarado como imputadas ante la Fiscalía, mientras que la senadora Allende se acogió a su derecho de guardar silencio.

"No estaban totalmente enterados" del rol de Boric

En tanto, otros siete funcionarios actuales y pasados del Gobierno han testificado, entre ellos, Macarena Diez, exjefa jurídica de Bienes Nacionales, quien reveló al ente persecutor que, durante una reunión con otras reparticiones, les explicó que "se podría poner en cuestionamiento la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso, y por supuesto, de las involucradas".

Diez les hizo ver que "además de la ministra de Bienes Nacionales, (el decreto) lo firmaba el Presidente de República y luego iba a toma de razón de la Contraloría. De este aspecto, que el Presidente de la República tenía que firmar este decreto, me dio la impresión que los participantes de la reunión no estaban totalmente enterados",