En el marco de la entrega de una nueva tecnología para dispositivos móviles, que permitirá a personal de PDI y Carabineros fiscalizar en terreno la situación migratoria de personas extranjeras, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, volvió a defender la "regularización acotada" que estudia el Gobierno.

La autoridad advirtió que "si nosotros no abordamos este tema con respecto a las personas que se empadronaron, bueno será el próximo, pero es medio inevitable. O sea, si alguien quiere negar la realidad, tenemos un problema, porque uno no puede hacer política pública en la fantasía".

Ahondando en el universo que el Gobierno estudia regularizar, la autoridad detalló que "son aproximadamente un poquito más del 90% de venezolanos". Sobre cómo el Gobierno busca congeniar el requisito de arraigo laboral que establece para la regularización con la reforma miscelánea de migraciones, que endurece las sanciones a los empleadores que contratan a inmigrantes irregulares, el subsecretario explicó que "por eso esto es un tema que hay que resolver ahora, porque en retrospectiva, las personas de las cuales estamos hablando están instaladas en Chile hace 4 o 5 años". "El 67% de las personas que se empadronaron voluntariamente están entre el 2018 y febrero del 2022", añadió.

Además, Cordero precisó que los 182 mil migrantes que podrían ser regularizados "son todas personas que ingresaron por pasos irregulares", mientras que, sobre se busquen regularizar cuando entrar por paso clandestino es una causal de expulsión, advirtió que "todos los procesos de regularización en Chile anteriores están hechos en una contradicción, porque descansan en un incumplimiento de la ley como causal de expulsión. Eso es". "Lo que sí es que tenemos una realidad que es muy concreta, tenemos un problema de seguridad muy serio.

Hemos abordado esto desde el punto de vista del empadronamiento biométrico, y hay que hacer la distinción de aquellos que se empadronaron y aquellos que no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que enfrentarlo, porque esta idea de que tenemos 300 mil que podrían estar ilegales en Chile, que nosotros podemos llegar, subirlas a un bus y expulsarlas del país, quienes están diciendo eso, le están mintiendo al país", aseveró.

¿Creer en Venezuela?

El subsecretario también fue requerido sobre cómo se puede confiar en el papel de antecedentes que emane Venezuela sobre los migrantes que están postulando a la regularización, cuando el Presidente Gabriel Boric ha tildado dicho régimen como una dictadura.

"La diáspora venezolana es un tema que ha afectado severamente los derechos humanos, pero además es una de las cosas que explica la migración en Chile, pero en tercer lugar, el convenio de apostillas es un convenio vigente en Chile respecto a lo cual un documento que si está acreditado por el convenio de apostillas se tiene que entender como válido", afirmó.