Desde mayo de este año que un proyecto de ley para extender el posnatal parental a un año avanza de forma silenciosa en la Cámara de Diputados.

El texto legislativo plantea extender el posnatal parental a 52 semanas adicionales, eliminando la opción de modalidad parcial y estableciendo que las últimas 24 semanas puedan ser transferidas al padre.

Esto aumentaría el total de semanas de permiso por maternidad a 58, incluyendo las seis semanas de prenatal y las 12 semanas de posnatal actuales. El financiamiento del permiso se realizaría a través del Fondo Único de Prestaciones Familiares, lo que despertó preocupaciones sobre su sostenibilidad fiscal.

Además, se modificarían los montos de los subsidios percibidos por las madres durante el permiso, reduciéndose progresivamente desde el 100% del ingreso durante las primeras 28 semanas al 50% en las últimas 12.

La iniciativa, liderada por el diputado Patricio Rosas (Frente Amplio), fue aprobado esta semana en particular por la comisión de Economía de la Cámara Baja y fue despachado para que continúe su tramitación en las instancias de Trabajo y de Hacienda. Sin embargo, la propuesta no cuenta con el respaldo del Gobierno, que durante su discusión en Economía expuso que esta invade iniciativas exclusivas del Presidente de la República en materia legislativa como seguridad social y gasto.

Además, es calificada como "inconstitucional" por los expertos, quienes advierten que podría profundizar las brechas de género en el empleo y aumentar los costos para las arcas fiscales. La moción cuenta con la firma de otros parlamentarios oficialistas, y opositores como Carla Morales (RN), Marta Bravo (UDI) y Yovana Ahumada (del comité Social Cristiano), entre otros.

En un comienzo, el proyecto fue declarado inadmisible por la mesa de la Cámara Baja. Pero el 14 de agosto la Sala revirtió esa decisión y permitió que continuara su trámite.

Críticas y advertencias

Tomás Rau, director del Instituto de Economía UC, explicó cómo la ampliación podría repercutir en los salarios y la participación laboral femenina. "Cuando se aumentó el posnatal de 12 a 24 semanas, encontramos una reducción salarial del 2% para mujeres en edad fértil en comparación con hombres de edad similar. Si el posnatal se extiende a un año, los costos laborales aumentarán, presionando aún más los salarios a la baja", manifestó.

Rau agregó que el efecto en el empleo sería ambiguo, ya que podría incentivar la continuidad laboral de mujeres que antes abandonaban el mercado tras la maternidad, pero también disminuir la demanda laboral femenina por el encarecimiento. Por su parte, Juan Bravo, director del OCEC-UDP, calificó la propuesta como "defectuosa por diversos motivos".

El experto dijo que "es un proyecto inconstitucional porque irroga gasto fiscal, lo que solo podría ser propuesto por el Ejecutivo". "Además, aumentaría las brechas de género en materia de empleabilidad e ingreso laboral al encarecer la contratación femenina.

Esto ocurre porque no genera un derecho igualitario entre padres y madres, perpetuando que las mujeres sean las principales usuarias del permiso y, por ende, las más afectadas laboralmente", añadió.

Bravo también alertó sobre el impacto fiscal de la medida. "En un escenario de estrechez fiscal, una medida tan costosa no se puede implementar de un día para otro, y menos en las condiciones actuales del proyecto", agregó.

Desde el ámbito académico, Marcela Mello, experta en mercado laboral de la Universidad de los Andes, destacó los posibles efectos contrapuestos de la propuesta. "Un permiso más extenso podría facilitar la conciliación laboral y parental para las madres, pero también podría resultar en una depreciación de habilidades y desconexión con el entorno laboral", apuntó.

Además, remarcó que "las empresas podrían ser más reticentes a contratar a mujeres en edad fértil ante la perspectiva de una ausencia prolongada". Por su parte, David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, comparó este proyecto con la forma en que se aprobaron los retiros de fondos previsionales, señalando que sigue un camino de poca rigurosidad técnica.

"La moción no cuenta con un informe técnico patrimonial fiscal, y está inspirada en normas del Código del Trabajo, sin medir sus efectos sobre los costos y las brechas de género", señaló.

En tanto, desde el mundo empresarial, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), calificó el proyecto como "un mal proyecto, inconstitucional y fuera de todos los esfuerzos de los últimos años por promover la participación laboral femenina".

Según Pakomio, la reforma no fomenta la corresponsabilidad parental y perpetúa las desigualdades. "Actualmente tenemos una brecha de participación laboral femenina de casi un 20% menos que los hombres. Como CNC, abogamos por políticas inclusivas que respeten el marco legal y beneficien a trabajadores, empleadores y la sociedad en su conjunto", puntualizó.

Postura del Ejecutivo

El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, ha señalado su rechazo al proyecto. "Nos preocupa el impacto que esto puede tener en el empleo femenino. Los permisos asociados a mujeres son una de las causas que dificultan el aumento en la tasa de participación laboral femenina", sostuvo Jara en una sesión reciente de la Comisión de Economía.

La cartera también subrayó que el avance de la moción invade iniciativas exclusivas del Presidente de la República, como lo son las relacionadas con gasto fiscal y seguridad social. Pese a no contar con el apoyo del Ejecutivo, el diputado Rosas justificó la reforma argumentando que busca alinearse con estándares internacionales.

"Cuando hablamos de lactancia materna, entendemos que uno de los factores más importantes para mantenerla es el permiso posnatal. En Chile dura cinco meses y medio, mientras que en países OCDE supera el año", defendió.