En el marco del debate por la partida del Ministerio del Interior del Presupuesto 2025, el Gobierno logró que el Senado aprobara la asignación presupuestaria para la cuestionada Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

La decisión se debió a que el Ejecutivo presentó una indicación que respondía a una demanda transversal de los parlamentarios por el bajo presupuesto de la ANI, por lo que se añadieron 775 millones de pesos adicionales, que servirán para contratar a 30 trabajadores más.

Además, se repuso en la partida de la Subsecretaría del Interior la glosa que reserva 538 millones de pesos para los gastos reservados, la que había sido rechazada en la Cámara Baja por el impacto del caso Monsalve.

El senador Iván Moreira (UDI) dijo que "tenemos que ser responsables y se repongan los recursos para el Ministerio del Interior sobre los gastos reservados, que han estado siempre precisamente para poder controlar ciertos gastos que tienen que ser reservados y que todo gobierno los tiene. No podemos estar actuando por un hecho político y penal puntual y lamentable".

Traspiés del Ejecutivo

Sin embargo, no toda la jornada fue positiva para el Ejecutivo, ya que se mantuvo la glosa sobre los procesos de regularización extraordinaria de extranjeros, los que ahora deberán ser aprobados por ambas cámaras antes de ser llevados a cabo.

Además, fueron rechazados los 14 mil millones de pesos para campañas de prevención y los 36 mil millones para instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas en los fondos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Mientras tanto, en Hacienda fue aprobada una indicación que el gobierno consideraba inadmisible, que dice que los adultos mayores beneficiados con la PGU podrán solicitar que el avalóo fiscal de sus viviendas sea de cero pesos.

El ministro Mario Marcel, visiblemente molesto, comemtó que "me imagino que sus autores buscaron que los beneficiarios de la PGU no pagaran contribuciones, pero lo están haciendo por la vía de reducir el avalúo fiscal a cero, y por ejemplo si hay alguien que tiene como garantía una propiedad y queda con avalúo cero, la garantía pasa a no valer nada, significa que si se va a expropiar una propiedad por Obras Públicas podría expropiarse por cero pesos".

"Tal como lo señalamos en la Cámara de Diputados, vamos a hacer reserva de constitucionalidad y considero realmente lamentable que se haya votado a favor de una glosa tan evidentemente inconstitucional como la que estamos analizando, realmente lo lamento mucho", cuestionó.