En los últimos días surgió una discusión respecto de la práctica de fiscalización de propiedades mediante drones por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Una medida que la entidad comenzó a aplicar desde 2021 y que tiene como principal objetivo monitorear un posible incumplimiento en el pago de contribuciones.

En una carta publicada el abogado Pablo Sanhueza cuestionó que el (SII) use drones para fiscalizar, planteando dos problemas. Una posible vulneración del derecho a la intimidad y la eventual falta de eficiencia de las Direcciones de Obras de las Municipalidades.

"El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha implementado una medida que genera preocupación: la fiscalización por drones. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en el lago Rapel, donde se han utilizado drones para monitorear contrucciones y, en consecuencia, aumentar las contribuciones", escribió. Para los expertos, en tanto, esta situación plantea un desafío significativo en términos de privacidad y derechos fundamentales.

Por ejemplo, Diego Messen, socio de Moraga & CIA, comentó que el SII solo puede recurrir a las herramientas que le ha otorgado la legislación vigente para ejercer sus facultades de fiscalización y si en algún caso lo hace fuera de sus facultades, sería un acto que podría ser calificado de arbitrario o ilegal.

Sin embargo, señaló que "históricamente no ha sido extraño que el SII, con el pretexto de obtener una mejor fiscalización, recurra a herramientas que se encuentran fuera de sus órbita de atribuciones, lo que ha causado más de algún conflicto entre el particular y la administración".

Para determinar si este acto vulnera el derecho a la privacidad o intimidad, Messen señala que debe recurrirse al principio de legalidad. Si la ley lo permite es un acto licito y si no es así "caeremos en el terreno gris del uso abusivo de ciertas herramientas legislativas lo que podría ser impugnado por un contribuyente que estima".

Jaime Preiss, socio Consultoría Legal Tributaria de CCL Auditores Consultores, señaló a El Mercurio que esta es una herramienta que el SII utiliza desde hace un par de años. "Ha sido y continuará siendo una herramienta útil para la fiscalización del impuesto territorial, impuesto que, por su naturaleza, hace necesario tener a disposición información completa del inmueble sobre el cual se aplica el impuesto".

Por su parte, Óliver Ortiz, gerente de Deloitte legal, considera que la supervigilancia mediante medios tecnológicos como drones, u otros, suele presentar un riesgo de infracción a las garantías constitucionales que resguardan el derecho a la privacidad.

"En dichas grabaciones podrían incluirse las imágenes de personas identificadas, o identificables, o datos personales de estas últimas, todos pertenecientes a su esfera privada", señaló Ortiz. Además de una posible vulneración del derecho a la intimidad, para el gerente legal de Deloitte, podría constituir una infracción por tratar datos biométricos (entre los cuales se incluyen los rasgos faciales de una persona que pueda aparecer en las grabaciones de videovigilancia), salvo que se cuente con el consentimiento expreso del titular de tales datos personales.

En la misma línea, Michel Aguilera, director de litigios y controversias de Cabello Abogados, uno de los problemas principales radica en que los drones tienen la capacidad potencial de capturar imágenes de actividades personales ajenas al ámbito específico que es objeto de fiscalización, sin el consentimiento de los dueños, lo que supone un riesgo de intromisión en la vida privada.

Así, Aguilera indicó que el uso de esta tecnología debería limitarse estrictamente a su propósito de fiscalización, evitando la obtención de imágenes del interior de las propiedades sin la debida autorización del propietario o una orden judicial.

SII defiende la medida

Ante las acusaciones de una posible vulneración del derecho a la intimidad, desde el SII señalaron a que previo a la implementación de esta medida, "se revisó la normativa vigente sobre el uso y operación de las aeronaves pilotadas a distancia, así como la factibilidad de uso de la información obtenida a partir de sus sobrevuelos, para garantizar que la operación de esta iniciativa cumpliera con todas las normas que regulan esta actividad".

También explicaron que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad encargada de regular y supervigilar la actividad de los drones.

"Estas regulaciones establecen una serie de requisitos que deben cumplirse por parte de los operadores aéreos, los pilotos operadores y las aeronaves, tanto previamente como al momento de la operación". "Por tanto, todas las operaciones llevadas a cabo desde el año 2021, cuentan con todas autorizaciones necesarias", resaltó el organismo.

En cuanto a los resultados de estas fiscalizaciones mediante drones, el SII señaló que se han sobrevolado más de 70 mil hectáreas, "lo que ha permitido más de 2.300 actualizaciones catastrales, con un incremento del giro anual de contribuciones cercano a las $3.100 millones que van en directo beneficio de las municipalidades".

Por último, la entidad detalló que no cuenta con drones propios y que "desde el año 2021 en adelante, el SII ha llevado a cabo tres licitaciones públicas a través de la plataforma de Mercado Público, de las cuales, la tercera se encuentra en plena fase de operación".