El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó los ajustes a la reforma previsional tras las sugerencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Esto, luego de que la entidad exhibiera ante los senadores 11 posibles riesgos del proyecto, junto con medidas de mitigación.

La primera modificación -y que no tiene que ver con las recomendaciones del CFA-, apunta a las pymes. Estas había solicitado, en vista del incremento en los costos laborales que implicará la reforma, que se les mantuviera la tasa rebajada de impuesto de primera categoría.

El Ejecutivo accedió y este gravamen se conservará en un nivel de 12,5% durante tres años, y llegará al 15% en un cuarto año, por debajo de la tasa legal de 25%.

Otro cambio relevante tiene que ver con la gradualidad con la que aumentará la cotización previsional, desde 9 a 11 años. Esto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera si los recursos del proyecto de cumplimiento tributario recaudan menos de lo que se proyecta. En concreto, la medida permitiría reducir el costo directo para el fisco derivado de sus desembolsos como empleador y la menor recaudación corporativa.

El Gobierno también incorporó medidas de transparencia. Una de ellas consiste en incluir el balance del nuevo "Fondo Autónomo de Portección Previsional (FAPP)" en el informe de pasivos contingentes que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres), así como la facultad al CFA para opinar sobre su operación. Las indicaciones, asimismo, incorporarán una propuesta para recapitalizar el Fondo de Reserva de Pensiones.

También en relación al FAPP, el Gobierno modificará el nombramiento de los consejeros, con el objetivo de replicar la nominación de candidatos únicos, como ocurre en el Banco Central.

Por último, se plantea la posibilidad de realizar ajustes a los parámetros del fondo, como la velocidad de la devolución de sus préstamos, en caso de acumular un exceso de recursos.