El Consejo para la Transparencia inició investigaciones sumarias contra las subsecretarías de Turismo, Derechos Humanos y de las Culturas y las Artes, debido a importantes cifras de incumplimiento en torno a los indicadores de acceso a la información pública, que fueron dados a conocer por informes de fiscalización.

Los resultados señalaron un nivel de desempeño inferior al 80% en las obligaciones contempladas por la "Ley de Transparencia" (Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública), que contempla la obligación de los servicios públicos de publicar aquella información que establece la ley a través de sus sitios electrónicos.

En términos generales, las subsecretarías detectaron incumplimientos significativos en materias críticas como presupuesto asignado y ejecución (63%) y adquisiciones y contrataciones (69,8%).

Estas observaciones fueron obtenidas a raíz de la fiscalización que realiza el organismo a las instituciones del Estado, para velar por el cumplimiento de las normas de transparencia activa durante el año.

De las 34 subsecretarías evaluadas este año, las de Turismo, Derechos Humanos y de las Culturas y las Artes presentaron las peores cifras, con un 74,6%, un 78,7% y 60,6% respectivamente; siendo la de las Culturas y las Artes es la que menos cumple la estipulado por la Ley de Transparencia. Una situación que perjudica directamente el acceso de la ciudadanía a información fundamental sobre el funcionamiento de las instituciones estatales.

"La ciudadanía tiene derecho a acceder a información oportuna y completa sobre la gestión pública. Estas investigaciones son una señal clara de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal, cuyo incumplimiento injustificado amerita una sanción", afirmó Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia.

Entre los principales hallazgos de la fiscalización se descubrió que ninguno de estos tres organismos mantienen publicadas las estructuras orgánicas, ni las bonificaciones de los funcionarios, ni los protocolos de la organización.

Lo mismo ocurre con los presupuestos, gastos y las modificaciones presupuestarias que se han efectuado a lo largo del año, las cuales tampoco se encuentran expuestas al libre acceso público o están desactualizadas.

En tanto, el Consejo otorgó un plazo de 30 días hábiles a las subsecretarías para corregir las irregularidades detectadas, mientras tanto continuarán la investigación para dar con las responsabilidades correspondientes. Los funcionarios implicados podrían recibir sanciones de hasta un 50% de la remuneración mensual bruta, de acuerdo a lo señalado por la ley.