Luego de que una funcionaria de la Defensoría del Contribuyente -organismo que se relaciona con el Ministerio de Hacienda- falleciera tras lanzararse desde el piso 14 de Teatinos 120, se activaron las alarmas respecto a situaciones de maltrato laboral en el sector público.

Y es que la abogada, antes de morir, dejó un mensaje en un chat que compartía con compañeros de trabajo. "Hagan sumarios", señaló, aludiendo a un supuesto acoso laboral al que podría haber estado expuesta, sumándose a otro episodio que terminó con un fallecido: un gasfíter que murió a finales de septiembre en La Moneda, quien supuestamente estaba sometido a una sobrecarga de trabajo.

Ante esto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, señaló la semana pasada -en diálogo con radio Universo- que efectivamente existe violencia laboral por parte de autoridades del Estado hacia algunos funcionario y que, de hecho, hay tres regiones con "alerta naranja" por este asunto. "Atacama, La Araucanía y Los Lagos", precisó. "Lamentablemente se han caracterizado por una mala práctica de abusos y maltrato de parte de algunas autoridades de turno, incluso de carrera", añadió.

Según información vía transparencia en 2023 -previo a la entrada en vigencia de la ley Karin- se registraon 1.455 casos de maltrato laboral en el sector público, frente a los 377 de 2018. Además, en 2023 hubo un total de 226 casos de acoso sexual, más del doble que los 89 casos anotados en 2018. Respecto a denuncias por ley Karin en el sector público, las cifras están descontextualizadas.

El último balance entregado por el Gobierno data de agosto del año pasado, cuando la entrada en vigencia de la normativa cumplía su primer mes y daba cuenta de casi mil denuncias en el sector público. Hace algunos días, la Dirección del Trabajo (DT) entregó un nuevo balance, sin embargo, y por razones que no fueron explicadas, este no incluía cifras respecto a entidades del Estado.

Además, a inicios de enero llegó una respuesta de la DT a Emol vía transparencia, luego de consultar las cifras de denuncias por ley Karin en el sector público, y en la que se señaló que no existían datos "validados ni depurados" sobre el tema.

Con todo, se indicó que esa información estaría disponible en la página web de la DT dentro de la primera semana de enero, lo que no ha ocurrido. Desde la entidad afirman que el mandato legal solo las obliga a transparentar cifras referentes al sector privado, pese a haber incluído números del sector público en agosto. Cabe señalar que en diciembre del 2024, la Asociación Nacional de Trabajadores María Ester Feres (Antramef), de la DT, ingresó una denuncia contra el director de la entidad, Pablo Zenteno, por infracción a la Ley Karin, manifestando que Zenteno "se descontrola en reunión con la(s) Asociaciones de Funcionarios".

Autoridades de regiones en "alerta naranja"

Se contactó a autoridades de regionales en "alerta naranja" por maltratos laborales en el Estado, quienes dieron cuenta de su preocupación al respecto y apuntaron a deficiencias en los procesos administrativos públicos.

El gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), informó que desde su llegada a la gobernación no se ha presentado ningún caso relacionado con acoso o maltrato laboral. "Ha sido desde el primer día preocupación nuestra el buen trato y respeto con los funcionarios. Indistinto de las decisiones que se pueden tomar hay un buen clima laboral.

El día que asumí, me reuní con todos los funcionarios del Gobierno Regional, para presentar al equipo directivo e indicar metas y objetivos. Reunión que nunca había existido antes y muy bien recibida por los funcionarios”, señaló Santana. Además, comentó que revisaran si en el pasado existen denuncias y el estado actual de estas, advirtiendo que el sistema público no puede estar exento a fortalecer las capacidades blandas que generen compromiso de los equipos.

El senador por Los Lagos, Iván Moreira (UDI), comentó que "cuando el Presidente Boric y el Gobierno dan a conocer logros en materia laboral, llama mucho la atención que ya no invocan la ley Karim y eso se debe a que precisamente sus ministerios, sus reparticiones públicas no han cumplido con una ley que pretende proteger a los trabajadores".

"Los que decían que iba a ser un ejemplo de respeto (la Ley Karim), los que precisamente no dan el ejemplo es el Gobierno, por eso hay varias regiones, como la región de Los Lagos y otras, donde hay un abuso constante y al final estas mismas personas que maltratan, muchas de ellas quedan en sus puesto amparadas por el Gobierno", añadió.

Además el senador acusó un doble estándar cuando los involucrados son del Gobierno, ya que ahí "llega el amiguismo y los propios ministros omiten y se silencian, lo que demuestra el doblé estándar del Gobierno y los partidos que lo apoyan".

Por su parte, el diputado por la misma región, Jaime Sáez (FA), comentó que "frente a situaciones como estas, lo que corresponde es trabajar con firmeza en la implementación de mejores prácticas laborales, asegurarnos de aplicar de manera efectiva los protocolos establecidos y llevar a cabo una evaluación continua de su pertinencia y eficacia”.

"Esto es fundamental para garantizar que realmente contribuyan a disminuir y prevenir las situaciones de maltrato laboral, promoviendo entornos de trabajo más saludables y respetuosos para todos", mencionó.

Por otra parte, el gobernador de la región de Atacama, Miguel Vargas (PS), señaló: "Son 22 denuncias que se han formulado, que corresponden en algunos casos a la delegación presidencial y a otras reparticiones públicas. Sin embargo, es una cifra preocupante".

Además, el gobernador señaló que hay algunas denuncias que corresponden antes de la aplicación de la Ley Karin y descartó la idea de que se esté instalando una cultura de la denuncia. "Esto no habla bien de los procesos administrativos que están instalados al interior del Estado.

Siempre tenemos que procurar, sobre todo cuando se trata de los derechos de las personas, que los procesos sean lo más eficientes posibles", subrayó la autoridad regional. El diputado por la zona, Jaime Mulet (FRVS), comentó que "toda denuncia seria, de esta naturaleza debe investigarse rápida y con objetividad y sancionar cualquier vulneración a los derechos de los funcionarios públicos".

"Esa rapidez y precisión en la investigación de denuncias es muy necesaria para evitar y cuidar la 'cacería de brujas', y la mala utilización de acusaciones de abuso laboral inexistentes para producir efectos políticos y sacar y/o promover autoridades", señaló el diputado.

"Así como hay jefaturas y autoridades inescrupulosas y que cometen abusos laborales, a veces también hay funcionarios públicos que no están haciendo bien la pega y se protegen de manera torcida", concluyó. En la región de La Araucanía, la diputada, Gloria Naveillán (IND), indicó que "me parece súper grave lo que dice la ANEF, porque en el caso al menos de La Araucanía si tú analizas en los últimos años, ha habido una serie de acusaciones a autoridades por maltrato, por abuso e incluso suicidios.

Entonces, aquí hay que hacer una revisión completa de los protocolos". "Me llama la atención que en La Araucanía tengamos una cantidad tremenda de alcalde acusado de violación o de abuso sexual y a su vez hayan autoridades de otras dependencias gubernamentales distintas a la municipalidades, donde hay acusaciones de acoso laboral", acotó.

Además, indicó que "claramente hay que hacer algo al respecto y yo creo que va más allá de seguir legislando. Hay un tema de que las autoridades que llegan al cargo no tienen la preparación de vida respecto de cómo ejercerlo".

Por último, el también diputado por La Araucanía, Jorge Rathgeb (RN), comentó que "parece que los supuestos defensores de los trabajadores son los maltratadores de los trabajadores". Se deben exigir explicaciones, cerró.