El Poder Judicial está preocupado por el recorte de presupuesto de más de $17 mil millones que hizo el Gobierno y que afectará directamente al funcionamiento de algunos tribunales.

El tema fue debatido en el Pleno de la Corte Suprema, en donde hubo indignación entre algunos magistrados, por lo que se está preparando una declaración pública en la que se abordarán los conflictos internos que generará la medida que afecta tres áreas críticas.

El principal problema es con el subtítulo 21 que se refiere al gasto en personal, las suplencias de jueces y juezas y funcionarios, lo que afecta el sistema operativo de los tribunales.

Este se redujo en un 2%, en más $10 mil millones, lo que podría hacer colapsar aún más a los juzgados laborales, familia y penales, que arrastran un atraso en vista de causas desde antes de la pandemia, donde ya se necesitaban más tribunales y magistrados en todo el país.

El otro recorte es de un 5% que se hizo en el subtítulo 22, equivalente a más de $729 millones, que impacta en el pago de contratos vigentes, gastos variables de continuidad para el funcionamiento de todas las unidades a nivel nacional. Por ejemplo, los contratos de guardias, de personal de aseo y de electricidad. La rebaja de presupuesto se realizó también al subtítulo 29, que afecta la adquisición de renovación de licencias informáticas.

Esto significa que no habrá dificultades para renovar programas de software de seguridad y de funcionamiento de tribunales. Hay muchas licencias que vencen pronto y que no podrían comprarse.

La reducción forma parte de un recorte global de $544.000 millones anunciado por el Ejecutivo, a raíz de un protocolo de acuerdo al que se llegó durante el debate de la Comisión Mixta de Presupuestos, que tiene como objetivo lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal de 2025.

El Poder Judicial no es el único afectado. El Gobierno disminuyó el presupuesto del Ministerio Público en $7.064 millones de pesos, ajuste que ha provocado diversas reacciones desde el mundo político debido a que se aplica en plena crisis de seguridad.

En este caso se afecta tres áreas también, una es la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad debido a la imposibilidad de reemplazar fiscales y personal producto de la reducción de recursos en el subtítulo 21 de la partida 23. Lo anterior compromete la capacidad de investigar y cubrir las salas de audiencia, además de provocar retrasos en la tramitación de causas y debilitar la capacidad operativa en indagatorias estratégicas. Tópicos que fueron destacados incluso por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Todo lo anterior, en medio de la crisis de seguridad que se registra en el país.

Ministro de Hacienda dice que está "cumpliendo la ley"

Hace unos días, fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien debió salir a explicar el recorte del presupuesto del Ministerio Público, y dijo: "En la ley se estableció en una glosa en el tesoro público, que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios".

El ministro aclaró, respecto a los problemas de seguridad del país, que "se exceptuó a un conjunto de instituciones, entre ellas, dentro del ámbito de la seguridad, estaban las policías de Carabineros, de investigaciones y Gendarmería de Chile". El secretario de Estado aseguró que "la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año.

Y, por lo tanto, se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en alguna institución, en este caso el Ministerio Público". Marcel sostuvo que "la señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley".