Las conocidas "tomas", definidas como "la acción de ocupar y habitar ilegalmente o un terreno, sin contar con la posesión de este", también son "una respuesta a una carencia de quienes o poseen otra posibilidad habitacional".

Sin embargo, también se presenta la ocupación irregular. La diferenciación fue explicada por la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya. La ocupación ilegal es "la tenencia de un inmueble fiscal por parte de un tercero sin existir ningún tipo de autorización de por medio".

Mientras que la ocupación irregular es "el uso de un terreno fiscal cuyo origen fue legítimo, ya que existió algún tipo de autorización por parte de nuestro ministerio, sin embargo, dicho documento no fue renovado ni restituido por el fisco".

Ambos escenarios son en los que viven miles de personas a lo largo de nuestro país, cifra que, además, aumenta de manera acelerada con el paso del tiempo, en todas las regiones, sin embargo con una presencia predominante en la Macrozona Norte.

El Ministerio de Bienes Nacionales presentó un informe en el que explica el fenómeno de las ocupaciones ilegales e irregulares en propiedad fiscal se presenta por múltiples causas, entre las que señala la falta de fiscalizadores y el déficit habitacional para primera vivienda.

Mientras que el problema de este déficit se explica por factores como precariedad económica, aumento de la cesantía, incremento de la migración y el alza en los valores de los terrenos y viviendas, ya sea para comprar o arrendar. A lo que se suma la dificultad para acceder a créditos. Lo anterior ha llevado a que estas "tomas" sean la única opción para muchas familias en situación de alta vulnerabilidad social para acceder a una vivienda.

De esta manera, estos núcleos familiares se "organizan e instalan en mediaguas, generando campamentos de deficitarias condiciones de salubridad, debido a la carencia de algunos servicios básicos (agua, luz y alcantarillado)", esta situación, como se mencionó anteriormente, se da predominantemente en la zona norte del país, esto debido a "la importante extensión territorial y al buen clima durante todo el año".

Según cifras por el BBNN, desde enero a junio de este año, las fiscalizaciones han detectado un total de 701 nuevas ocupaciones irregulares o ilegales a lo largo de Chile. La Región de Antofagasta, acumula un total de 169 nuevas "tomas", seguido por Arica y Parinacota (150), Coquimbo (88) y Tarapacá (85).

Mientras que las regiones con menos nuevas ocupaciones irregulares o ilegales son Magallanes (1), O'Higgins (2) y Valparaíso (7). Con esto, Araya indicó que "es una de nuestras prioridades como Gobierno, detener y/o disminuir las ocupaciones, restituyendo los inmuebles para darles un uso que beneficie a la comunidad".

Sin embargo, existe un último factor que envuelve a estas "tomas", los loteos irregulares. Estos, según señala el informe de la BBNN es la "aparición de bandas, que al margen de la ley, asumen el rol de 'loteadores'; es decir, que sin ningún tipo de autorización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, identifican y seleccionan terrenos fiscales que cumplan con algunas condiciones mínimas favorables para el uso habitacional".

Son estos los terrenos que luego son demarcados en lotes de menor tamaño y ofrecidos a personas que busquen un lugar para vivir. Lo que se convierte en otro riesgo para aquellas personas, ya que -según especifica el informe- que pagan por estos terrenos no adquieren ningún derecho real sobre el terreno, ya que quien se los ofrece "no tiene atribuciones respecto de él".