Desde octubre de 2023 está publicada la ley 21.500 que Regula el Proceso Unificado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y crea el Sistema Interconectado para estos Efectos. Sin embargo, a casi un año de su publicación y con la revisión del reglamento completada, aún no se ha establecido el protocolo de acción, por tanto, la norma no se ha ejecutado.

El artículo 5 de la ley establece que debe existir un Protocolo Interinstitucional, que una al Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile y señala que todos deberán contar con una metodología de actuación, investigación y al realizar la búsqueda de personas desaparecidas conforme a aquel documento. Y, el mismo artículo, determina que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinará la convocatoria para la redacción del protocolo.

Esto ha generado inquietud en la diputada Joanna Pérez del distrito N°21 de la Región del Biobío, quien es una de las autoras de la ley, debido a la demora en la puesta en marcha.

“Lamento que sea tan tardía la ejecución de esta ley por parte del Ministerio del Interior, ya que debe articular justamente a las policías y eso no se ha hecho, producto de que aquí hay una plataforma y un sistema que tiene que funcionar después de que implementamos esta ley que se aprobó”, explicó la legisladora.

La parlamentaria de la zona estableció que las familias de las personas extraviadas reclaman que el Estado las abandona y que no ponen los recursos a tiempo. “He solicitado a la comisión de donde hemos analizado este proyecto, pedimos que citara la ministra de Interior (Carolina Tohá) para que dé cuenta, que articule el trabajo con las policías porque de lo contrario hay un abandono deberes”, expuso.

En tanto, la diputada Marisela Santibañez del distrito N°14 Región Metropolitana, también impulsora de la misma iniciativa, manifestó que “no está a disposición de la ciudadanía la ley de Extraviados. Y es brutal, para mí ha sido brutal. Porque está aprobada, tiene un reglamento aprobado, que pasó por revisión, después se aprobó de nuevo, entonces ya no hay explicación”.

“La verdad que no sé qué es lo que estamos esperando, tenemos tantos casos, y es brutal para nosotros como autores”, indicó.

Y aquí las familias y las agrupaciones, como la de Kurt Martinson o la familia de Maylin González, han trabajado enormemente, especificó la diputada Santibáñez. “Son ellos los que tienen el mérito y somos los legisladores los que hacemos el trabajo y hoy día, no sé, habrá que ir a Contraloría (…) Yo soy oficialista, me pone en un lugar súper incómodo esta situación”, apuntó.

La ley 21.500 establece que existen actuaciones inmediatas desde la recepción de la denuncia, incluyendo el ingreso de esta al Sistema para dar inicio inmediato a la tramitación de la búsqueda que deberían estar contenidas en el protocolo interinstitucional. También se debería actuar de acuerdo a posibles hipótesis de desaparición, atendiendo a los antecedentes que determine una entrevista estandarizada, tomando en consideración lo que determine el reglamento de esta ley.

“El protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas será revisado o actualizado anualmente por una mesa técnica de los órganos intervinientes, y se informará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública dentro de los treinta días siguientes a la respectiva revisión o actualización, remitiéndole copia de éste”, establece el artículo 5 de la ley.

Diario Concepción consultó al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito para obtener una versión sobre el retraso de la implementación del protocolo, pero, no fue posible conseguir respuesta.

Además, se consultó a la Policía de Investigaciones sobre la información que mantienen acerca de esta ley, pero hasta la hora de cierre de este artículo no fue posible obtener información.

En tanto desde Carabineros de Chile, ante la misma interrogante indicaron que debería solicitarse por medio de Transparencia. A las dos policías se les preguntó por las cifras de desaparecidos en los últimos meses en la Región del Biobío, tampoco fue posible obtener resultados.

Fundación y aporte ciudadano

La “Fundación de Extraviados Bio Bío” fue la única que pudo entregar una estimación. Desde la entidad afirmaron que, en los últimos meses, ha reportado 76 casos de personas desaparecidas, de los cuales aún tres se mantienen vigentes, 66 de ellas fueron encontradas con vida y 7 hallados sin vida.

Max Castillo, fundador y presidente de la fundación, señaló que el principal recurso que se necesita para poder mejorar la eficacia en la resolución de casos es la aprobación definitiva de la Ley de Extraviados, “que recordemos que fue aprobada el año 2023, pero lamentablemente no está en vigencia, este es el principal anhelo que tienen todas las familias que tienen un desaparecido”.

Cristian Echayz, abogado y vicepresidente de la misma organización, señaló que “el 99% de las gestiones que realiza Fundación Extraviados Bio Bio, son de manera particular sin intervención alguna de entidades gubernamentales, dando de esta manera excelentes resultados en nuestra gestión”.

Proceso de búsqueda

Desde esta misma agrupación afirmaron que lo primero que debe hacer una persona cuando tiene un familiar extraviado, es consultar si se encuentra con las personas o familiares más cercanos. Si no lo logran localizar, explicaron que “debe acercarse en forma inmediata a cualquier cuartel de la Policía de Investigaciones o Carabineros, también a Fiscalía. Interponer una denuncia por presunta desgracia, al usuario se le deberá entregar un comprobante de esta denuncia, indicando el número de parte, motivo de la denuncia, y fecha en la cual se realizó. Con esto se comprueba que la denuncia está interpuesta y se puede realizar cualquier tipo de diligencias en Fiscalía”.

Una vez que la denuncia está interpuesta, es muy importante poder difundir el caso, para ello la fundación pone a disposición el WhatsApp +569 866 68 825, en donde se dará orientación gratuita en ámbitos legales y contención emocional en caso de que el usuario o usuaria lo solicite.

En tanto, Karina Aguirre, coordinadora regional de la misma fundación, describió que el patrón que se repite respecto a las personas desaparecidas es la falta de redes de apoyo, personas que carecen de una oportunidad rápida de poder visitar un profesional en el área de salud mental. “Lo que ha gatillado muchos casos de depresión los últimos años. El 63% del total de los casos que hemos atendido a nivel nacional son hombres, mientras que el 37% son mujeres”, mencionó.

“La Fundación Extraviados Bio Bio es una institución autónoma, por lo que trabaja de forma independiente a las policías. Sin embargo, cuando se requiere apoyo de Fiscalía o las policías o autoridades, son gestionadas de forma directa con nuestros voluntarios del área legal, ellos realizan gestiones en caso de que sea necesario en conjunto”, mencionó Samuel Chamorro, director operativo de la fundación.