Los robos con violencia e intimidación fueron los principales delitos que obligaron a la expulsión de 44 ciudadanos extranjeros, por parte del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

Con este nuevo procedimiento, la cifra total de expulsiones concretadas este 2024 alcanzan las 772; de estas 437 son de tipo administrativa -cifra superior al total de expulsiones anuales de los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023-, mientras que 335 corresponden de expulsiones judiciales.

Las personas que abandonaron el país en aviones de la Fuerza Aérea de Chile con destino a sus naciones de origen son 31 colombianos, 11 ecuatorianos y dos bolivianos, entre los que corresponden a 24 expulsiones judiciales y 20 de carácter administrativo.

Las personas expulsadas por temas judiciales cometieron los delitos de robo con violencia (10), robo con intimidación (7), porte ilegal de armas (2), receptación de vehículos motorizados (1), robo con fuerza (1), robo en bienes nacionales (1), robo en lugar habitado (1) y robo por sorpresa (1).

Mientras que los extranjeros que debieron salir del país por asuntos administrativos incurrieron en los delitos de ingreso por paso no habilitado (7), tráfico de drogas (5), homicidio (3), antecedentes negativos de origen (2), no cumple con el abandono (2) y abuso sexual (1).

En cuando a las ciudades en las que residían los extranjeros eran las siguientes: Santiago (27), Antofagasta (5), Arica (2), Iquique (2), Calama (1), Tocopilla (1), Copiapó (1), La Serena (1), Viña del Mar (1), Rancagua (1), Los Ángeles (1) y Osorno (1).

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Del total de expulsados, 32 salieron por vía aérea desde el Grupo 10 de la FACH, en Pudahuel, mientras que 12 lo hicieron desde la Base Aérea Los Cóndores, en Iquique, con destinos a Colombia, Ecuador y Bolivia.

Desde Sermig detallaron que de acuerdo a las cifras, la cantidad de expulsiones judiciales se ha reducido respecto a años anteriores debido al cambio en la legislación vigente, que desde 2022 impide acceder a la pena sustitutiva de expulsión a personas condenadas por delitos asociados al tráfico de drogas.

El organismo explicó que para resolver esta situación, el gobierno presentó un proyecto de ley para expulsar a las personas condenadas por este delito y reducir el hacinamiento en las cárceles. ”Sin embargo, un sector de la oposición en el Senado se opone a aprobarlo”, se señaló desde Sermig en un comunicado.

Al respecto, Luis Eduardo Thayer, director de la entidad, manifestó que “ahora tenemos el desafío de avanzar en la legislación sobre las expulsiones judiciales, ya que actualmente no es posible expulsar a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas”.

“Esta situación ha implicado una disminución significativa de este tipo de expulsiones y, al mismo tiempo, ha agravado el problema de hacinamiento en nuestras cárceles”, precisó.