En el contexto de las elecciones municipales y regionales que se van a desarrollar en octubre próximo, junto con las presidenciales y parlamentarias del 2025, es que se ha reinstalado el debate en torno de la regulación del uso de las redes sociales dentro de las campañas políticas.

En esa línea, el encargado de Fiscalización y Formación Ciudadana de la Dirección Regional del Servicio Electoral (Servel), Carlos Navarrete, aclaró algunos puntos en esta materia y señaló que “respecto a las redes sociales, todo lo que es comunicaciones personales no está clasificado como propaganda electoral. Por lo tanto, todo lo que es pagado, eso ya sale de las comunicaciones personales y se cataloga como propaganda electoral”.

De la misma forma, Navarrete precisó que “las publicaciones, por ejemplo, en páginas de Facebook, en Instagram, que son comunicaciones pagadas, eso se clasifica como propaganda electoral. Evidentemente que eso tiene que serlo dentro de los plazos legales o se ponen a sanciones”.

Navarrete señaló que como Servel han realizado seguimiento, desde hace meses del uso de las redes sociales por parte de los candidatos de la Región del Biobío, en cada una de las comunas. Puntualmente, el encargado de fiscalización y formación ciudadana del servicio señaló que han detectado infracciones que se encuentran en actual investigación por parte del Servel.

“Hemos detectado infracciones de todo tipo. Hemos detectado, evidentemente, que esto no es información pública, una vez que se detecta alguna presunta infracción, comienza un proceso interno que puede llevar a un proceso administrativo sancionatorio al candidato que lo realice”, detalló.

Congreso

Cabe señalar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que establece la realización de las elecciones municipales y regionales en dos días.

Una de las aristas que aborda la iniciativa la regulación del acceso a publicidad en redes sociales, la que establece la prohibición de discriminación en el acceso a la propaganda en aquellas plataformas, lo que se considera como crucial en un contexto donde la mayoría de la publicidad electoral se realiza a través de estas.

Con la aprobación de las indicaciones, el texto fue enviado al Ejecutivo y se está a la espera de su promulgación como ley.

“Nosotros interpretamos evidentemente la normativa vigente. Hasta ahora todavía no se promulga la ley de los dos días que pudiese traer alguna modificación en el sistema de propaganda. Hasta que no tengamos la promulgación, nosotros seguimos como siempre”, dijo Navarrete al respecto.

Joanna Perez (Demócratas), diputada del Distrito 21, detalló que, con la aprobación del veto, quedaron reguladas todas las publicidades por redes sociales, las que deberán realizarse y declararse por cada uno de los candidatos.

“Sin embargo, lo referente a la exigencia de la tabla de valores que se debe remitir a Servel no se puede hacer ya porque están fuera del plazo para emitir esa resolución. El problema serán los medios digitales como revistas, podcast, entre otros, Ellos no tendrán regulación y ahí podría haber desigualdades”, contó la congresista de Demócratas.

No obstante, a pesar de la regulación que considera el veto presidencial que está por promulgarse, parlamentarios locales han señalado que se debe continuar legislando en la temática para alcanzar garantías de transparencia, correcta difusión, no desinformación, entre otros.

Roberto Arroyo (PSC), diputado del Distrito 20, manifestó que “ la transparencia debe ser una prioridad en cualquier proceso electoral, y dado el enorme poder que tienen hoy en día las redes sociales en una candidatura, es crucial que se rijan por normas claras”.

Uno de los ejemplos que tomó el diputado es la actual regulación que existe para los distintos medios de prensa y aseveró que “como los medios escritos, la televisión y la radio están sujetos a regulaciones para garantizar un campo de juego justo, las redes sociales, que son herramientas con un alcance y una influencia masiva, también deben estar sujetas a reglas que aseguren que todos los candidatos compiten en igualdad de condiciones y que la información que llega a los votantes sea veraz y transparente”.

Un punto que ha sido reiterado por los congresistas son los riesgos de desinformación que actualmente existen en las redes sociales. Karen Medina (Ind), diputada por el Distrito 21, indicó que “las redes sociales tienen hoy un rol sumamente importante para la difusión de las campañas políticas y del proceso electoral, por lo tanto creo que era fundamental que existiera una regulación sobre la programada a través de estas plataformas, sobre todo cuando hay quienes recurren a estrategias de desinformación a través de estos medios”.

En tanto, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), representante del Distrito 20, indicó que no tiene aprensiones con respecto a la publicidad en redes sociales o medios de comunicación, pero “lo que realmente se debería regular son los costos, ya que a veces hay un abuso en ese aspecto. Con el voto obligatorio en vigencia y la necesidad de realizar una campaña más amplia, llegar a más personas es crucial, y las redes sociales son una herramienta esencial para lograrlo”.

Puntualmente sobre el uso de las plataformas digitales, Perez precisó que “no estoy en desacuerdo con su uso en campaña, por supuesto que regular iría en beneficio de la probidad y transparencia que uno debe tener siempre. Sin embargo, me preocupa más el uso de palomas, donde sí creo que deberíamos regular los tamaños y considerar el impacto ambiental que generan”.

Al igual que Medina, la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), también hizo énfasis en la desinformación que se puede generar en la redes sociales y, bajo ese aspecto, comentó que “en materia de propaganda digital resulta fundamental poner atención al levantamiento de las fake news, donde sabemos que se han desarrollado campañas, no sólo llenas de mentiras, sino que también de desprestigio. Es por lo mismo que me parece un ítem a tener en cuenta de cara a las siguientes elecciones (…) la difusión de fake news debería ser legislada y sancionada de forma particular”.