La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (Partido Comunista), enfatizó que el Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en la polémica interpretación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la confianza legítima, que desató las críticas y protestas de organizaciones de empleados del sector público, al ser un organismo autónomo. 

La nueva titular del ente fiscalizador, Dorothy Pérez, dictaminó que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata -y su posterior reclamación- es competencia de los tribunales de justicia y no del órgano que dirige.

"Sabemos del reclamo de los funcionarios públicos y entendemos que en los próximos días se va a hacer no solamente una presentación de reconsideración, que ya hicieron a la Contraloría, sino que seguramente van a plantear el tema al Ejecutivo en el marco del inicio de las negociaciones de la Mesa del Sector Público", dijo Jara al ser consultada por la pugna entre los empleados y la contralora.

La titular del Trabajo enfatizó que "esto es algo que excede hoy día nuestras facultades y cualquier medida que se tome hacia el futuro podría pasar eventualmente por cambios legales, mas no tenemos hoy día forma de intervenir en la facultad de la contralora, porque nuestra institucionalidad le da la autonomía para el ejercicio de su cargo".

ANEF declara a la contralora "persona non grata"

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) protagonizó este martes una nueva protesta a las afueras de la Contraloría contra el criterio de Pérez, a quien declararon "persona non grata".

"Somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile y no de los Gobiernos de turno. La contralora está dándoles la espalda a los trabajadores y trabajadores públicos y también, incluso, a la ciudadanía, porque dice: 'Bueno, cuando es despedido un funcionario y funcionaria pública no tiene derecho a indemnización'. No tenemos seguro de cesantía cuando estamos sin trabajo, por eso estamos con mucha fuerza y con mucha ocupación de revertir esta situación y este flagelo que estamos viviendo frente a un capricho", dijo el dirigente, que entregó una carta solicitando revertir el dictamen. 

Pérez exigió, además, "que sincere la contralora general si está pautada por algún sector político".

"Declaramos a la contralora hoy día una persona non grata hasta que revierta esta situación y le declaramos también que la movilización es ascendente", afirmó.

Este jueves las agrupaciones de funcionarios públicos llegarán al Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos de 2025 y el próximo lunes, durante la tarde, invitados por el diputado comunista Luis Cuello, llegarán para tratar este punto en específico en una sesión especial de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.