El Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional que se mantiene hace ya dos años vigente en las provincias de Arauco y Biobío, además de la región de La Araucanía.

En esta oportunidad, si bien la medida se aprobó con la mayoría de votos, en el Senado se inició una discusión centrada en la necesidad de avanzar en un plan de salida de las FF.AA. del territorio tras reconocer la disminución de los hechos de violencia.

Previo a la votación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá reconoció que hasta el momento no se había visto oportuno iniciar este proceso , pero que "llevamos varios meses en que los datos son estables y hay un 70% menos de acciones violentas respecto de antes de que el Gobierno asumiera; entonces, es oportuno hacer un plan de desescalamiento de la presencia militar, con escalamiento de otros resguardos que hagan la transición. No puede ser de la noche a la mañana, ni igual para todos los territorios".

A esto agregó que se buscará tener una sesión secreta con las comisiones de Defensa y Seguridad para analizar cómo podría aplicarse un desescalamiento y contar con la opinión de los parlamentarios. Al respecto, el senador Gastón Saavedra, integrante de la primera comisión, aseguró que "no creo que sea el momento aún, ya llegará, pero comenzar a pedirlo ahora, cuando justamente se están dando resultados, no me parece".

Según el senador Sebastián Keitel (Evopoli), si bien en los últimos meses se estabilizó la disminución de los hechos violentos que permiten pensar en desescalar la aplicación del estado de excepción, "me parece que una condición necesaria para avanzar en esta dirección es tener un plan de seguridad con indicadores de cumplimiento y metas que nos permitan evaluar cada cierto tiempo su eficacia".

Por su parte, Enrique Van Rysselberghe (UDI) fue más categórico y aseguró que "la principal condición para terminar con el estado de excepción en las provincias de Arauco y Biobío es la desarticulación total de las organizaciones o células terroristas que están activas en la zona. Mientras los miembros de estas bandas no sean puestos a disposición de la justicia, no creo prudente pensar en terminar con este tipo de medida".

Consultados sobre qué aspectos debe considerar un plan que avance en la salida de las FF.AA., Keitel planteó que este debe estar enfocado en recuperar ciertas libertades sin perder protección, por lo que se requiere reforzar el personal de las fuerzas de orden y seguridad en la zona, además de la entrada en vigencia de nuevas leyes que apoyen este proceso, también avanzar en la reparación a víctimas y proyectos de inversión que apunten a mejorar las condiciones de la zona que hoy se encuentra rezagada en la región.