La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 84 pacientes candidatos a un trasplante no recibieron la donación de órganos pese a cumplir con los requisitos solicitados.

El ente fiscalizador auditó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, específicamente sobre la gestión, donación, procuramiento y trasplante de órganos, con el fin de cerciorarse del acceso igualitario a todas las personas.

En el escrito se detalla que hubo un incumplimiento en el orden de las listas de espera, dejando a 84 personas que esperaban un trasplante de órganos sin la realización de estas intervenciones y sin una justificación al respecto, pese a que debían ser los receptores de órganos. 

Por esta situación, se iniciarán los "procedimientos disciplinarios que sean necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan", indica el informe. 

Además, se constató que la persona que estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplantes de Órganos y Tejidos (CNPT) mantuvo una comunicación directa y privilegiada con el Hospital Clínico de la Universidad Católica -donde se desempeña como médico hepatólogo-, autorizando a pacientes para la realización de trasplantes entre vivos.

Asimismo, se verificó la falta de acreditación del vínculo de consanguinidad y/o afinidad en trasplantes entre vivos, debido a que el centro asistencial encargado y la CNPT no contaban con los antecedentes del vínculo de los pacientes que se sometieron a dicho procedimiento. 

Por otro lado, se constató que el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, entre julio de 2022 y abril de 2023, realizó procedimientos de extracción de órganos sin contar con la debida autorización sanitaria, como tampoco notificaba de los potenciales donantes ni contaba con un registro de potenciales donantes.

SUBSECRETARÍA: LAS FALENCIAS SE HAN VENIDO TRABAJANDO LOS ÚLTIMOS MESES

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que el coordinador nacional acusado "fue suspendido de sus funciones" y se dio "término a su comisión de servicio en el Ministerio de Salud", así como también se puso "en conocimiento a la Fiscalía frente a la posibilidad de eventuales situaciones que requieren análisis de dicha institución".

La Subsecretaría precisó que "varias de las falencias, particularmente las de orden operativo-administrativo, se han venido trabajando en los últimos meses para corregirlas. Ello implica procesos hospitalarios, regularización de procedimientos de acreditación y también, un trabajo con el ISP (Instituto de Salud Pública) para modernizar el sistema informático donde se aloja la lista de espera", ya que el listado nacional de receptores es responsabilidad del ISP, de acuerdo a la legislación vigente. 

En tanto, indicaron que las observaciones de la Contraloría "en ningún caso apuntan al funcionamiento del proceso de oferta o de la conformación de las listas de espera, sino que a la ausencia del envío del documento formal "Causa de No Trasplante" al ISP, para que en sus registros quede claramente respaldada esta decisión tomada por el Centro de Trasplantes respectivo", por lo que la Subsecretaría está implementando las medidas para que los equipos de trasplante realicen las acciones para el cumplimiento de estas responsabilidades.

CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO

El senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud, expresó que "es urgente y perentorio identificar a esos 84 pacientes que estaban en esa lista nacional y en aquella época quedaron fuera de posibilidad de recibir el trasplante de órganos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál es la información que se va a levantar sobre los casos específicos? ¿Murieron? ¿Se mantienen vivos? ¿Fueron operados? No se sabe. Esto es perentorio que lo haga el Ministerio de Salud".

El parlamentario socialista criticó que "la expansión financiera del Presupuesto 2025 en materia de trasplante es prácticamente nula. O sea, es un presupuesto de continuidad, no obstante, prácticamente por cada donante hay 10 receptores que están esperando. O sea, claramente la demanda supera 10 veces la oferta de donación de órganos".

Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Andrés Celis (RN) fustigó que "o la Contraloría está siendo muy inocente, o el informe está redactado de una forma que la Contraloría no quiere decir que aquí hay una intención de algunos funcionarios que están hoy día trabajando en el mundo de la salud pública. Mencionan a alguien que tiene un nexo directo con una clínica".

La también integrante de dicha instancia, la diputada Ana María Gazmuri (AH), indicó que existe "indignación, por cierto, un tema tan sensible, tan delicado como el trasplante de órganos, que se supone que aquí hay una lista nacional, hay prioridades, que no se pueden saltar la fila. La verdad es que nos resulta indignante, más aún al saber que el coordinador del programa tiene interés en un centro privado de salud".