La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo en el Ministerio del Interior -y otras dependencias que eventualmente podrían estar involucradas- en torno al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve.

En paralelo, el Gobierno solicitó -luego de la negativa de dos subsecretarías a encargarse de la investigación- al ente fiscalizador realizar lo mismo.

Primero, la responsabilidad se le entregó a la subsecretaria de la Subdere, Francisca Perales, sin embargo, se consideró que la partición pertenece al Ministerio del Interior, apuntando rápidamente su cercanía a la subsecretaría que lideraba Monsalve.

Luego, se designó a la subsecretaria de Minería, Suina Chahúan, desde donde también se habría manifestado una incomodidad por llevar el caso.

Así, la acción terminó en manos de la CGR. Sin embargo, al haber comenzado previamente un sumario, los antecedentes entregados por el Ejecutivo se sumaron a los ya recabados por la institución.

Este sumario de Contraloría había comenzado ayer y se notificó hoy a La Moneda. Al ser un organismo autónomo, el ente fiscalizador no aceptó o acató una orden por parte del Gobierno, sino que su actuar se basó en una serie de denuncias que recibió el ente fiscalizador, entre ellas de parlamentarias. No se descarta que la acción que se inició contra Interior se extienda a otros servicios. Además del sumario, la CGR está desarrollando una auditoría.

Este lunes el organismo autónomo solicitó tanto al Ministerio del Interior como a Carabineros y la PDI los antecedentes del caso, quienes tienen hasta el próximo viernes 1 de noviembre para responder a lo solicitado.

En cuanto a la duración de estas investigaciones, explicaron que depende de cada caso y proceso. Sin embargo, aseguraron que la auditoría es más breve que el sumario administrativo, ya que esta establece las irregularidades administrativas del caso.

Mientras que lo solicitado por el Gobierno determinará la participación y responsabilidad de quienes hayan podido resultar involucrados. De esta manera, todos los antecedentes que se presenten en el informe, servirán como insumo para el sumario administrativo. En paralelo, de presentarse irregularidades administrativas, esto podría desencadenar una serie de trámites.

Por ejemplo, si la Contraloría descubre que hay hechos que podrían ser constitutivos de delito, el informe tendrá que ser enviado al Ministerio Público.

Por otro lado, el sumario tiene otro cronograma. Primero se realiza la investigación, luego la formulación de cargos. Esto último es lo que establece la responsabilidad de los funcionarios que habrían permitido que ocurrieran irregularidades, eventualmente.

Después vendría la etapa de defensa de aquellas personas contra las que se formulen cargos. Al consultar nuevamente por la duración de todo este proceso, sostuvieron que sin existir un determinado plazo, esta última etapa -defensa- es muy extensa, además de depender de la cantidad de antecedentes recopilados y cómo avanza la investigación. Sin embargo, no se descartó que pueda durar años, inclinándose porque el sumario no se conocerá antes del 2025.