Al interior del Congreso se ha generado polémica debido a los elevados sueldos brutos que reciben al menos 30 cargos funcionarios de índole directiva, técnica y administrativa, los cuales son mayores a 10 millones de pesos; es decir, más de lo que recibe el Presidente de la República.

El senador socialista José Miguel Insulza consultó sobre la cuestión al secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, ya que, entre otros casos, el ingreso más alto (16 millones) lo recibe el cargo de Prosecretario General y Tesorero del Senado, pese a que su rango se encuentra por debajo del puesto de Secretario. El sueldo más bajo de los funcionarios comienza en los 804 mil pesos, y es el único menor a un millón de pesos.

"En la Comisión de Régimen Interno hay dos proyectos: uno que dice relación con una modificación al reglamento del personal, para establecer respectivos estamentos (de sueldos de funcionarios). Ese trabajo se remitió al Servicio Civil para que nos rinde colaboración en la reestructuración de la organización administrativa, que aún está pendiente", aclaró Guzmán.

Sin embargo, "también se ha efectuado un trabajo para establecer una nueva planta a fin de determinar remuneraciones que se ajusten a un estándar de los servicios públicos del país en general. Eso significa que los funcionarios que actualmente están en servicio no pueden verse perjudicados en sus remuneraciones porque tienen derecho adquirido", sostuvo.

"NO ES RAZONABLE EL DERECHO ADQUIRIDO"

Dicha ilegalidad en la baja de los ingresos no fue bien recibida por algunos parlamentarios, quienes argumentaron que "no es razonable" y plantearon crear una "planta de extinción"; es decir, que a medida que los empleados salgan de su cargo, el sucesor tenga un sueldo estandarizado de menor valor.

"No es razonable defender que existen derechos adquiridos para personas que ganan sueldos de 17 millones de pesos en un país con un sueldo medio de 780 mil", manifestó el senador del Partido Social Cristiano Rojo Edwards.

Su par de Renovación Nacional Manuel José Ossandón sostuvo que "nosotros planteamos que este Congreso -donde nadie ha tenido los pantalones de hacerlo- desarrollara una ley de plantas que respetara lo que ganan todos hoy día; pero que fuera un planta de extinción, que cuando una persona llega a cierta edad tiene la obligación de jubilar y, quien lo reemplaza, lo hace recibiendo un sueldo estándar acorde a todos los ministerios de Chile".

Por último, desde el oficialismo, el senador José Miguel Insulza (PS) argumentó que "esto no es un tema de transparencia: esto es un tema de cómo funciona este Senado, y que en los últimos años no hemos hecho aquello que nos propusimos hacer, que es crear la planta en extinción y fijar una nueva planta para el conjunto del personal".

En la Cámara Baja no existe un apartado en la sección de Transparencia que entregue los sueldos brutos y líquidos de cada funcionario, sino que se encuentran divididas entre sueldo base y asignaciones, entre dos pestañas distintas.

Los parlamentarios solicitaron el establecimiento de una comisión con los funcionarios, pero no se ha fijado su fecha aún.

En tanto, la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, aseguró la disposición de estandarizar un mecanismo de publicación entre las instituciones.

"Las reglas tienen que ser aprobadas por ley"

Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, explicó que "el problema que tiene esto es que las reglas de funcionamiento, en caso de que se establezcan nuevas regulaciones, tienen que ser aprobadas por ley para ser modificadas hacia atrás".

"Hoy lo que necesitamos es poder generar una reforma legal que establezca una escala de remuneraciones para el personal que cumple labores en el Estado, de tal forma que, a través de características meritocráticas, técnicas, y criterios predefinidos, se pueda determinar una escala de remuneraciones que sea razonable", agregó.