Las inscripciones de armas de defensa durante este año aumentaron en un 18,6% con respecto al mismo período en 2023, según datos entregados por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), lo que evidencia una tendencia clara de que la seguridad individual es el principal motivo de su adquisición.

La DGMN detalló que, hasta septiembre de 2024, se han inscrito 3.924 armas de personas naturales; y 2.447 con motivo de defensa personal, correspondientes a un 62,3% del total de las inscripciones. Respecto a la última categoría, a esta altura de 2023 sólo se habían registrado 2.063 armas.

En los últimos 12 meses en Chile se han inscrito un total de 5.486 armas de todo tipo, ya sea destinadas a deporte o caza. Sin embargo, el enfoque actual de los compradores se basa principalmente en la seguridad individual.

El rotativo explicó que el fenómeno de aumento en la adquisición se vincula a que, actualmente, las principales preocupaciones de la población son la delincuencia y el narcotráfico, según reveló la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), conclusión que se ha repetido en los últimos cuatro meses en que se ha realizado el sondeo.

Uno de los problemas que trae la mencionada tendencia es que va en línea opuesta al Plan Menos Armas, Más Seguridad, iniciativa que fue implementada por el Ejecutivo, y que buscaba reducir la cantidad de armas de fuego a manos de ciudadanos.

Según el informe de la DGMN, en la Región Metropolitana (RM) es donde más armas se inscribieron en este 2024, con un total de 1.850. Le siguen las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Asimismo, el mes en que más se inscribieron este tipo de elementos fue en mayo; con un registro mayoritariamente por parte de hombres (12 veces más que las mujeres).

Proceso de inscripción

Según detalla un instructivo realizado por la DGMN, el proceso de inscripción de armas contempla diferentes pasos y requisitos legales. En primera instancia, se debe realizar una serie de trámites, que incluyen presentar un certificado de aptitud mental, emitido por un psiquiatra; no tener antecedentes penales; completar un curso de tiro en un club autorizado, y entregar las tres últimas liquidaciones de sueldo.

Asimismo, cada cinco años se debe renovar toda la documentación solicitado, lo que incluye volver a rendir los mencionados exámenes a fin de demostrar que los requisitos se siguen cumpliendo.

No obstante, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostiene que "las políticas de control de armas deben ser más estrictas y diferenciar claramente sus destinos, esto implica mejorar la evaluación al inscribir armas, además de protocolos de seguimiento y campañas de educación sobre alternativas de seguridad que no involucren su uso, ya que su tenencia no siempre mejora la seguridad en un hogar".

En ese sentido, la última modificación relevante de la Ley de Control de Armas en el país se llevó a cabo con la Ley 21.423, que se promulgó el 13 de enero de 2022 y se publicó en el Diario Oficial 12 días después. Según expuso el matutino, esta norma implementó modificaciones importantes sobre el control de armas, a fin de fortalecer la regulación y fiscalización de la tenencia y porte de dicho elemento en el país.

Entre las modificaciones más relevantes se incluyen los nuevos requisitos para la inscripción, restricciones a ciertas categorías (como armas largas automáticas y artesanales), y se aumentaron las penas y sanciones por los delitos relacionados con el tráfico y uso indebido de éstas.

A pesar de lo anterior, desde el Club de Tiro de La Reina enfatizaron que reducir el número de armas en el país puede llegar a ser peligroso, puesto que las medidas restrictivas afectan exclusivamente a los usuarios legales.

"Desarmar a la población es pescar pollitos y sacarles la protección contra los zorros. Las políticas deben centrarse en atacar el problema en la raíz y no debilitar a los que usan las armas legalmente", dijo su director, Alejandro Rocafort, quien enfatizó en que, a pesar de la restricción, los delincuentes seguirán encontrando la manera de utilizarlas ilegalmente.