La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, más conocido como proyecto antievasión, pilar principal del pacto fiscal del Gobierno.

"Esta iniciativa, entre otras cosas, contiene una serie de medidas para las empresas de menor tamaño, apoya la formalización de la economía y combate firmemente la evasión y elusión de impuestos", destacó el Ministerio de Hacienda en X.

Fueron 12 votaciones en las que la mayoría de los sectores, a excepción de los parlamentarios del Partido Republicano, votaron a favor.

Para la centroizquierda era prioritario evitar que la propuesta cayera en una comisión mixta, pues una demora en su aprobación significaría que no tuviese efecto alguno en el Presupuesto 2025, que el Ejecutivo debe ingresar al Congreso, a más tardar, el próximo lunes. 

De esta manera, el Presupuesto 2025 podrá contar con 1.200 millones de dólares que aportará la iniciativa antievasión, que se enfocará en el aumento de la PGU, y también en materia de salud y seguridad.

"De esta votación surge un mensaje muy importante: en Chile, a menos de un mes de una elección (municipal y regional del 27 octubre), somos capaces de aprobar proyectos con apoyo transversal, que son de gran relevancia para la economía del país, las políticas públicas y responder a la necesidad de la ciudadanía", explicó el ministro Marcel.

"Mucha gente pensaba que, dentro de estas semanas previas a una elección era imposible lograr acuerdos, pero la realidad es que esto ha sido posible y, por lo tanto, muchas otras cosas que nos proponemos, en los cuales en los principios estamos de acuerdo, más allá de lo que son las fuerzas de Gobierno, en muchos de esos casos también podemos lograr cosas que parecen imposible políticamente, desde luego, la reforma previsional", complementó el titular de Hacienda.

"Este proyecto de ley permite una mayor recaudación, y el hecho de que lo estemos aprobando en septiembre permite que sus efectos puedan estar en el Presupuesto del 2025. Eso significa más recursos para salud -y por lo tanto, para reducir las listas de espera-, más recursos para seguridad, y también recursos que tienen que ver con la PGU", resaltó en la previa el diputado Alberto Undurraga (DC).

Desde la oposición, su par de RN Miguel Mellado valoró durante el debate en Sala que "estamos aprobando algo que quedó bien hecho en el Senado, con las reformas que correspondían, tal cual como lo pedíamos en la Sala de la Cámara".

A modo de ejemplo, relevó que "se mantiene la elusión en sede judicial", lo cual fue una de las solicitudes de la derecha.

EFECTOS EN EL GRAN EMPRESARIADO

La moderación de la permisología, como se denomina a las largas esperas y la burocracia que rodean la aprobación de inversiones en Chile, es una de las demandas más sentidas por el gran empresariado dentro del pacto fiscal.

En la víspera, Colbún informó la suspensión de su proyecto Central Bombeo Paposo en Taltal, donde la empresa pretendía almacenar energía renovable por 1.400 millones de pesos, atribuyendo su decisión al contexto en que se desarrolló su proceso de evaluación ambiental, y a un recurso de reposición que lo dejó en vilo.

En paralelo, Forestal Arauco concreta por estos días la mayor inversión en su historia -desembolsará 4 mil 600 millones de pesos- pero en Brasil, siguiendo los pasos de la CMPC en el gigante sudamericano.

Para Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la U. del Desarrollo, "en estos casos en particular se dan dos cosas importantes: uno tiene que ver con el sector forestal y el tema de seguridad, eso es muy relevante, y también los permisos".

"Consideremos que la inversión que hacen las empresas en Brasil para un proyecto de tal magnitud, de esos montos, se demoró alrededor de tres años, y el proyecto MAPA en la Región del Biobío (también de Arauco) se demoró 10", apuntó el investigador.

En la suspensión de Colbún también "claramente vemos el tema de la permisología, de la poca flexibilidad, que no significa tener una legislación más laxa en términos medioambientales, sino que simplemente poder tener certezas y rapidez", puesto que "los proyectos hoy tienen alrededor de un 65% de sobretiempos legales".