Según los últimos datos revelados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a mayo de este este año la deuda mora por cuentas impagas de energía eléctrica de clientes residenciales ascendió a los $248.512 millones, monto que superó por un poco más de $90 mil millones a lo que reportó el organismo a finales de marzo.

A su vez, la cifra supera con creces (181%) la deuda por $88.450 millones que había al 31 de marzo del año pasado, cuando la pandemia recién se instalaba en el país, y que además sobrepasa en 101% los $123.379 millones de finales de julio de 2020, el último cierre mensual previo a la promulgación de la Ley de Servicios Básicos que impide el corte del suministro por no pago.

Esta información fue parte de la exposición realizada este lunes por Luis Ávila, titular de la SEC, ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara, que tuvo por objeto analizar la situación de endeudamiento en cuentas eléctricas acumuladas producto de la irrupción del covid-19, particularmente de los planes en desarrollo para enfrentar las facilidades para solventar dichas deudas.

En esa línea, el superintendente informó que al quinto mes del año el número de clientes morosos era de 720.840, 40% más que los 514.418 que había a finales de marzo de 2020 y 3% superior a los 699.429 en julio del mismo año. Junto con lo anterior, la autoridad indicó que la mora promedio fue de $344.755 por cliente.

Por otro lado, respecto a su composición, Ávila explicó que gran parte de la deuda se concentra en clientes de mayor consumo -es decir, quienes pagan boletas más altas-. En específico, el 57% de la mora se acumula en el 33% del tramo antes mencionado. En tanto, el 67% de los clientes residenciales que se encuentran morosos registran consumos promedios menores a $20 mil (484.992 clientes), lo que representa el 43% de la morosidad total ($106.196 millones), con una deuda promedio de $218.965.

El 8% de los clientes morosos que consumen en promedio más de $60.000 mensuales, representan el 24% de la deuda total. Sobre convenios y beneficios acordados con las compañías eléctricas, desde el 31 de marzo de 2020 hasta fines de mayo de este año, hubo un incremento de 124.950 clientes morosos sin convenio firmado.

En el desglose, 639.368 personas ($212.784 millones) permanecían sin el acuerdo con su respectiva empresa eléctrica al quinto mes del año, frente a los 81.472 (81.472) que sí lo hicieron.

Por último, el reporte de la SEC reveló que un 50% del saldo total en morosidad se originó previo a la irrupción del covid-19.

Propuestas de apoyo a deudores

En medio de esto, han surgido algunas iniciativas para alivianar la carga de los deudores. Entre ellas, se encuentra la medida presentada hace algunas semanas por lo senadores de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro y Yasna Provoste, la cual apunta a modificar la fórmula de pagos, no solo por consumo eléctrico, sino que para todos los servicios básicos.

La idea apunta a distribuir el pago de la deuda morosa total, por medio de un mecanismo que permita que un 25% del costo sea asumido por el Estado, otro 25% por parte de las empresas y el 50% restante se divida entre los clientes residenciales y no residenciales. Por su parte, Humberto Verdejo, profesor de la Universidad de Santiago, planteó el lunes en dicha comisión -según consignó El Mercurio- una "actualización" del mecanismo propuesto por los senadores DC.

Verdejo propuso un modelo solidario en el que, efectivamente concurran todos los sectores, es decir, firmas de los diversos servicios básicos, y que sea progresivo: quienes posean más concurran con mayor aporte, y cuya carga sea temporal y sostenible.

En resumen, el académico explicó que la idea es "implementar un sistema solidario en que un porcentaje (25%) se pague entre todos - incluyendo al total de morosos que hayan acudido o no a la ley vigente - y el restante 25% se pague con cargo adicional al cliente que ya tenía una deuda anterior.

Este es un mecanismo progresivo donde el que consume más paga más, pero que también ayuda a alivianar un poco la carga". Y el 50% que resta se mantendría igual que la moción parlamentaria, es decir, entre el Estado y las empresas.