La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo aplicó a Germán Guerrero Falcón, director de MBI Corredores de Bolsa S.A., una multa de 1.000 UF (más de $37 millones).

Lo anterior, explicó la CMF en un comunicado, "por infringir el artículo 169 inciso final de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, que prohíbe a los directores, administradores, gerentes, apoderados, ejecutivos principales, asesores financieros, operadores de mesas de dinero u operadores de rueda de un intermediario de valores, participar en la administración de una Administradora de Fondos (AGF) de terceros autorizada por ley".

"Esta prohibición busca prevenir y evitar los conflictos de interés que pueden suscitarse entre entidades que gestionan inversiones del público, entre otras razones, por la información reservada a que pueden acceder". agregó.

Según el organismo, Guerrero, en su calidad de director del intermediario de valores MBI Corredores de Bolsa S.A., infringió la prohibición referida, ya que intervino en la administración de MBI Administradora General de Fondos S.A. al participar en la determinación del valor de un instrumento financiero mantenido en la cartera de los fondos administrados por dicha administradora.

Cabe señalar que el sancionado era uno de los propietarios indirectos de la corredora y de la administradora ya individualizadas. Junto a lo anterior, el consejo de la CMF aplicó a Administradora General de Fondos Sura S.A. una multa de 500 UF (más de $19 millones), por infracción al inciso segundo del artículo 169 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y a la Norma de Carácter General N° 383, por cuanto realizó las funciones de asesoría de inversión sin adoptar los resguardos necesarios a efectos de llevar a cabo dicha actividad de forma separada, independiente y autónoma de la gestión y administración de inversiones, a que estaba obligada en su calidad de AGF.

De acuerdo con la Resolución de la CMF, la administradora prestó un servicio de asesoría de inversión a Corredores de Bolsa SURA S.A., sin contar con los resguardos para que dicha actividad se efectuara de manera separada, independiente y autónoma de la administración y gestión de las inversiones para la administradora y los fondos que administra.

Esta disposición tiene como objetivo propender a una adecuada gestión de riesgos de dichas entidades y, en especial, evitar conflictos de interés.