Ad portas que el Gobierno presente su proyecto de condonación y modernización del sistema de financiamiento de la educación superior, la más reciente cuenta pública de la Comisión Ingresa reveló que un 60,1% de los egresados de planteles con Crédito con Garantía Estatal (CAE) se encuentra actualmente en mora (deudores que tienen tres o más cuotas impagas).

Desde que se creó el préstamo, en 2006, ha habido 1.219.000 personas con CAE. Del total de beneficiarios, unos 896.000 están en etapa de pago y, de ellos, el 78% egresó de una carrera, mientras que el resto desertó.

Según el informe, la deuda total asciende a 283 millones UF, es decir, supera los 11.900 millones de dólares.

Al cierre del año pasado, un 46% de los que estudiaron una carrera con CAE y la terminaron se encontraba al día, mientras que el 82% de los desertores no lo está.

La Comisión Ingresa precisó que "los datos indican que la morosidad ha aumentado sostenidamente desde 2015 a la fecha". 

"Es una tendencia de causas múltiples, que se acentuó a partir del año 2020, producto de los efectos económicos de la pandemia por Covid-19, particularmente en el mercado del trabajo, lo cual está estrechamente relacionado con la capacidad de pago de la deuda contraída por los estudiantes", indicó.

De acuerdo con el reporte, si desde 2016 a 2021 la variación anual de morosidad -siempre al alza- oscilaba entre el 0,7% y el 3,3%, aproximadamente, en los dos años del actual Gobierno, 2022 y 2023, ha subido un 6% y un 5,7%, respectivamente.

El informe de Ingresa detalló que, en comparación con 2022, en 2023 la morosidad aumentó un 6,9% en el caso de los egresados -grupo para el cual el cobro de las garantías del Estado como aval alcanzó un nivel nunca observado, cercano a los 270.000 millones de pesos- y un 2,8% en los desertores. 

EMPLEO E INGRESOS "MUY POR DEBAJO DE LO ESPERADO" EN 2006

Desde la Subsecretaría de Educación Superior dijeron que un factor central "en este problema estructural es que las personas deudoras del CAE presentan inserciones ocupacionales y niveles de ingresos muy por debajo de lo esperado cuando se formuló la política".

"Es la combinación de estos factores, junto a características más generales como la evolución del escenario macroeconómico del país -principalmente los efectos de la pandemia en la economía y en el empleo formal- lo que permite explicar el aumento que ha tenido la morosidad desde el 2015 a la fecha", añadieron. 

Por eso, en línea con el proyecto que está trabajando el Ejecutivo, desde la subsecretaría aseguraron que "lo que corresponde es abordar estos resultados no previstos del sistema en el contexto de una solución sistémica al problema de la deuda educativa, con seriedad y altura de miras".