Cincuenta días cumplió el paro en el puerto de Coronel, Región del Biobío.

El conflicto, que tiene un origen muy distinto según cada una de las partes - trabajadores y empresa-, tiene consecuencias económicas catalogadas por sectores productivos como "catastróficas".

Por ejemplo, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) dio cuenta que el bloqueo ha derivado en un sobrecosto de entre 75 y 120 millones de dólares de la actividad forestal, que exporta en el puerto. 

Desde el sector pesquero, en tanto, la empresa Camanchaca denunció que tiene atrapadas al interior del puerto 110 toneladas de productos congelados y que las pérdidas superan los 800.000 dólares.

TRABAJADORES Y EMPRESA, DOS VERSIONES CONTRAPUESTAS

De acuerdo a la empresa, propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), la movilización de los trabajadores eventuales se inició por el rechazo de los operarios a que se ejecutara la política de alcohol y drogas, vigente desde 2017, pero que en la práctica era letra muerta.

Así, se debían someter a test aleatorios y sanciones en caso de resultados positivos; todo tras un accidente que Coronel asegura involucró a una persona que consumió cocaína.

Además, la firma asegura que no hay demandas laborales en disputa porque el contrato colectivo vigente termina en mayo de 2025 y éste se cumple.

No obstante, esta versión difiere de la que tienen los trabajadores, quienes apuntan que llevan bastante tiempo "cediendo a las solicitudes" de la empresa, respecto -principalmente- a reducción de los operarios por cada turno.

"El cierre del puerto fue de manera unilateral. El gerente del puerto toma la decisión propia de cerrar según él por el tema de alcohol y drogas, pero una vez que nuestros dirigentes solucionaron el problema llegó con otro petitorio, que fue las nombradas, disminución del personal, aumento de rendimiento y polifuncionalidad", relató un supervisor.

Ahora el conflicto también tendrá una arista judicial, pues el Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el 5 de julio la audiencia de formalización contra 10 imputados -entre trabajadores y dirigentes- por las querellas interpuestas por la empresa, acusando amenazas, bloqueos, destrozos y coacciones.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, llamó a la empresa a ceder en algunos puntos para terminar el paro.